A inicios de julio del año pasado, faltando más de dos semanas para que Pedro Castillo juramentara como nuevo presidente de la República de Perú, el empresario Zamir Villaverde fue entrevistado en un programa periodístico y pidió a la audiencia depositar su confianza en el profesor rural que intentaba llegar a Palacio de Gobierno.
Meses después de ese apoyo, Villaverde se vio involucrado en diferentes denuncias, donde también se encuentran comprometidos el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, la empresaria Karelim López, el exministro de Transportes, Juan Silva, los sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, y muchos otros más.
Hoy, el empresario es acusado de una serie de delitos y se encuentra cumpliendo 24 meses de prisión preventiva en el Penal de Ancón 1. Aquí te presentamos los casos que pesan en contra del ahora ex amigo del presidente de la República.
1. Casa de Sarratea
Donde todo inició. En el pasaje Sarratea en el distrito de Breña quedaba la casa que acogió desde la campaña a Pedro Castillo. Allí se habrían realizado acuerdos entre Villaverde, los sobrinos de Castillo y otras personas involucradas.
2. Las camionetas a Fray Vásquez Castillo
Fray Vásquez Castillo, el sobrino de Pedro Castillo, es una de las personas de mayor confianza del mandatario y en diciembre del año pasado, el dominical ‘Cuarto Poder’ mostró que tenía a su disposición una camioneta de la empresa Mazavig, cuyo gerente general es Zamir Villaverde.
3. Caso Puente Tarata III
La fiscal Anticorrupción Karla Zecenarro investiga a Villaverde por los presuntos actos de corrupción para favorecer al Consorcio Puente Tarata III, debido a que intervino indebidamente en la licitación de un viaducto que se construiría sobre el río Huallaga en la región San Martín, proyecto valorado en en S/ 232,5 millones.
Retrocediendo en el tiempo, esta licitación se realizó entre el 1 de mayo y el 28 de noviembre de 2021 y fue dirigida por Provías Descentralizado, una entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dando como ganador al Puente Tarata III. Según la tesis fiscal, la empresaria y lobista Karelim López Arredondo realizó gestiones con el presidente Castillo para propiciar dicha adjudicación, pues era asesora de una de las compañías consorciadas.
Según las primeras declaraciones de Karelim López a la Fiscalía, allegados a Pedro Castillo, entre ellos los sobrinos del mandarario, habrían intervenido en organismos públicos para favorecer a empresarios en obras del Estado. Además, la empresaria señaló a Zamir Villaverde como el cajero de una presunta mafia en el MTC que estaría encabeza por Pedro Castillo.
Villaverde García es señalado por Karelim López Arredondo como la persona que captaba a empresarios interesados en ejecutar las obras públicas que se impulsaron desde Provías Nacional y Provías Descentralizado. Según el expediente fiscal que recoge la versión de la lobista, él ofreció diversas adjudicaciones al empresario Luis Pasapera Adrianzén, fundador de Termirex S.A., una de las compañías del Consorcio Puente Tarata III que ahora es investigada por la fiscalía.
Las detenciones se dan luego de que la fiscal Karla Zecenarro abriera una investigación contra Bruno Pacheco y Karelim López por supuestamente haber presionado para que Provías Nacional concediera la licitación al Consorcio Puente Tarata III.
Cabe resaltar que debido a este caso se le dio prisión preventiva e impedimento de salida del país por las irregularidades del Puente Tarata III.
Según informó el Ministerio Público, la orden de detención fue dictada contra 11 personas: Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Héctor Pasapera López, George Pasapera Adrianzén, Víctor San Miguel, Luis Pasapera Adrianzén, Víctor Valdivia Malpartida, Edgar Vargas Mas, Alcides Villafuerte Vizcarra, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
4. Delitos de colusión, lavado de activos y asociación ilícita
El caso del Puente Tarata III acusa a Villaverde por delitos de colusión, lavado de activos y asociación ilícita. Ante ello, su abogado, Marco Rivero, descartó que su patrocinado haya incurrido en delitos como los de colusión o el de lavado de activos y calificó como un “error” que el Ministerio Público haya solicitado detención preliminar contra su patrocinado, pues este tiene la condición de “testigo”.
“Es un error del Ministerio Público pedir la detención para un testigo y que tenía fecha para presentarse ante el juez sobre un pedido de impedimento de salida”, dijo a los medios.
“Para la colusión tiene que haber perjuicio económico al Estado y mi patrocinado no es funcionario público, es empresario. No hay colusión o lavado de activos, porque acá no hay dinero desembolsado, ni se le ha hecho ningún perjuicio al Estado”, refirió.
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