Los obstáculos que enfrenta la Sunedu tras la ley que la debilita

En la última semana se ha generado un terremoto político porque el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que debilita la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) y devuelve la autonomía a las universidades. Con 69 votos a favor y 39 en contra, la norma recibió el respaldo de las bancadas de Perú Libre -el partido oficialista-, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.

El presidente Pedro Castillo anunció que el Ejecutivo observará la autógrafa de ley durante el IX Consejo de Ministros Descentralizado que se realizó en Nasca. Aseguró que estaba “preocupado por la educación del país” y que le “reforma universitaria no puede retroceder”.

“Se condice con un compromiso que había firmado el presidente Pedro Castillo, antes de la segunda vuelta de las elecciones generales, para fortalecer la Sunedu. Es un compromiso que debe honrar, sobre todo, siendo un profesor. Toda la educación debería ser centro de la preocupación de un gobierno que es conducido por un docente”, comentó a Infobae César Escajadillo, decano de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Como parte de un centro de estudios licenciado por el organismo educativo, el educador se mostró preocupado por el intento de sabotear la reforma universitaria, la cual consideró como “uno de los pocos ejemplos de gestión pública exitosa que tenemos en el país en los últimos años”.

“La Sunedu garantiza que las universidades de nuestro sistema cumplan con condiciones mínimas para ofrecer un servicio educativo, o sea, que estén reguladas, que cumplan con condiciones básicas de calidad y que nos asegure el propio Estado que no hay estafa en muchas de estas instituciones que cerraron porque no aprobaron el licenciamiento. Es un retroceso que preocupa a la UARM como universidad”, expuso.

Escajadillo consideró que si se debilita a la Sunedu afectaría a miles de jóvenes que optan por universidades que no cumplen con los estándares mínimos de calidad: se pondría muchas obstáculos al obtener un título de una universidad que el mercado no reconoce como una institución óptima.

“Ese estudiante obtendrá un cartón que el empleador no tomará en cuenta o no considerará como suficientemente adecuado como para ofrecer un empleo a ese estudiante. Se pone en una situación frágil al estudiante que está apostando por la universidad como un medio para salir adelante”, dijo.

Además, la autoridad académica manifestó que afectaría en la economía de los padres de familia que son, en su mayoría, los que financian los estudios de sus hijos que quieren que tengan un mejor futuro profesional.

“Es una posición muy inestable cuando se retroceden en estos avances que se han podido conquistar en los últimos años”, mencionó.

En marzo pasado, según el Informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú 2021 de Sunedu se informó que el 72.2% de los jóvenes profesionales encontró un empleo formal durante los 24 meses o dos años siguientes a su graduación.

Por eso, Escajadillo sostuvo que es preocupante que esta ley sea promovida y aprobada por congresistas que tienen relaciones directas con universidades que no están licenciadas: “Hay que recordar que, además de esos legisladores, hay otros que obtuvieron su grado con instituciones educativas superiores que no cumplieron con el licenciamiento. Si son ellos a quienes les toca decidir el futuro de la educación universitaria, creo que hay más razón para preocuparse”.

Planteó que pudo haber un debate entre varias organizaciones estudiantiles para llegar a un acuerdo, así se “hubiera escuchado más voces y se hubieran tomado decisiones en base a cifras, datos y estadísticas sobre cómo está funcionando la ley universitaria desde su implementación para las universidades”.

“Quiero señalar que hay un contexto más amplio, al cual tengamos que mirar, no solo el ataque a las universidades, sino también lo que está ocurriendo con el currículo de la educación básica con esta intervención desmedida de los padres de familia, quienes tienen la capacidad de vetar los contenidos y materiales con que educan a sus hijos. Es un poco trágico porque los problemas del país nos golpean en la cara. Vemos las deficiencias de nuestro sistema educativa a todo nivel y, más que respuestas inteligentes, lo que hacemos es resguardarnos en posiciones muy rígidas que no ayudan. Yo espero, como educador, que el país pueda salir de este proceso entrampado”, concluyó.

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