El pleno del Congreso de la República interpeló al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien respondió nueve preguntas sobre el toque de queda en Lima y Callao del pasado 5 de abril y el papel que cumplió la Policía Nacional frente a las protestas en diversas regiones del país que dejaron seis personas fallecidas
Tras iniciar su exposición recalcando el respeto del Gobierno a la libertad de movilizarse y protestar, el representante del Ejecutivo detalló que los deudos y familiares de los heridos han recibido un apoyo económico. “Asimismo, se canaliza, a través del Seguro Social de Salud, atención médica a algunos de los afectados. Paralelamente, el Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía realizan las investigaciones penales y administrativas correspondientes”, señaló.
Chávarry precisó que las pesquisas mencionadas abarcan al fallecimiento de Alexander Trujillo, en Ambo, Huánuco, producido por una herida en la cabeza; la muerte de un menor de edad en Jauja, que cayó al río Yacus, ahogándose, y el deceso de Johnny Contreras, producido en un intercambio de pedradas entre transportistas y manifestantes en Ica.
Refirió también que las protestas en esta última localidad dejaron a quince policías heridos; mientras que en Huánuco, los agentes del orden perjudicados físicamente fueron 22. En Junín, este número sumó 34, precisó.
La moción de interpelación fue impulsada por diversas bancadas de oposición y señala que la inmovilización social obligatoria del 5 de abril generó protestas, marchas y reclamos de la población de Lima y el Callao hacia el Gobierno, “trayendo como consecuencia destrozos a bienes inmuebles de propiedad pública, saqueos y actos de vandalismo que la Policía Nacional no logró prevenir ni plantear en un Plan de Contingencia oportuno y adecuado”.
Indica también que “en estas circunstancias, corresponde al Ministerio del Interior garantizar la tranquilidad y orden público; sin embargo, esta tarea no ha sido cumplida a tenor de los acontecimientos señalados y que “la Policía Nacional y el sector del Interior no ha tenido una estrategia idónea ante estos actos suscitados, que ha traido con ello el saldo de personas fallecidas, heridos y destrozos a la propiedad privada en Lima, Callao, Junín, La Libertad y otras regiones del país”.
TOQUE DE QUEDA
El pasado 5 de abril de 2022 el presidente Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación, declaró alerta nacional y toque de queda en Lima y Callao a fin de evitar un posible desborde popular.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao”, indicó en su alocución.
Esta medida trajo consigo pérdidas millonarias y provocó protestas que con el paso de las horas se salieron de control ocasionando enfrentamientos entre la policía y vándalos que saquearon diversos negocios y entidades públicas.
El toque de queda también provocó el levantamiento y protestas en diversos puntos del Perú con paros de transportistas y agricultores que pusieron en jaque al gobierno de Pedro Castillo.
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