El pasado viernes 6 de mayo, la comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que buscaba realizar a un referéndum para decidir la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La denegatoria entierra las aspiraciones del Gobierno de Pedro Castillo de llevar a cabo una de sus propuestas de campaña.
El propio Aníbal Torres, presidente del consejo de ministros, ha indicado que “el Congreso ya se pronunció y este tema termina ahí”. En cambio, ha generado cierta sorpresa el anuncio de Pedro Castillo de observar, desde el Ejecutivo, el proyecto de ley que debilitaría la Sunedu. ¿Qué otros escenarios se abren ahora que se descartó la posibilidad de una asamblea constituyente? ¿Hacia dónde apuntarán ahora el Gobierno y el Congreso? Conversamos con Omar Awapara, politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas en Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), sobre estos temas.
¿Insistirá el Ejecutivo en la convocatoria a una asamblea constituyente?
Desde que se plasmó eso sonaba como una distracción, como una forma de mover el centro de la discusión hacia otro terreno debido a los cuestionamientos. De todas formas, estaban al tanto de que esa ruta (convocar a un referédum) era inviable por la respuesta que iban a encontrar en una comisión donde no tenían el control y que estaba en manos de otras bancadas que se oponían al proyecto. Probablemente fue una especie de medición de cómo reaccionaba la opinión pública ante esa propuesta. El mismo Aníbal Torres ha dicho que esa ruta ya está acabada.
Sí creo que, probablemente, este Gobierno ha agotado lo que en su momento postuló Castillo en su mensaje presidencial el 28 de julio, (convocar a una Asamblea Constituyente) por la ruta del Congreso. No lo han logrado y con eso se agota, a menos que abran de nuevo el camino de las firmas u otras vías.
¿Cómo queda el Congreso?
(El Ejecutivo) puede aprovechar esto para culpar al Congreso de obstruccionismo y de responsabilizarlo por no permitir, en sus términos, que ‘la voluntad popular se cumpla’.
Pedro Castillo ha anunciado que observará la ley que debilitaría la Sunedu. ¿Hacia dónde apuntará ahora el Gobierno?
Ha sido sorpresivo el hecho de que el Gobierno haya anticipado que podría observar la ley (contra la Sunedu). Habría que ver si lo van a hacer. (...) Eso es antagonizar con el Congreso que podría aprobar la ley por insistencia. Es difícil explicar cuál es el razonamiento del Ejecutivo. Sé que había miembros del gabinete como César Landa (Ministro de Relaciones Exteriores) y otros que han estado claramente opuestos (a la ley contra la Sunedu).
¿Anunciar la observación de esta ley puede verse como un cálculo político para simpatizar con el sector que rechaza la decisión del Congreso?
Creo que hay cierto consenso de ver (esta ley) como un ataque a la Sunedu, pero no sé si sea un tema que le permita al Gobierno acumular ciertos beneficios. Puede que estén haciendo este cálculo, por eso es que sorprende (la nueva postura del Ejecutivo).
¿Cuál cree que será la posición del Congreso respecto al Ejecutivo, tras haberse cerrado el tema de la constituyente?
Va a depender todo de qué tanto avancen los procesos judiciales y las acusaciones. Creo que ha pasado aún muy poco tiempo desde la última vacancia. El fracaso del Congreso de llevar a cabo este proceso es muy fresco. Lo que está pasando con este Gobierno es que hay mucho escándalo acumulado. En otras condiciones bastaría uno de estos (escándalos) para ver tumbado a un Gobierno. Hay tantos que de alguna manera se normaliza el escándalo.
Lo que podría estar haciendo el Congreso, como ya lo vimos en el caso de Karelim López, es esperar que se concrete con algún tipo de evidencia la participación más directa de Pedro Castillo en hechos de corrupción, o que eventualmente se compruebe con el testimonio de Bruno Pacheco, que aparezcan los sobrino u otra cosa que compruebe, de manera contundente, todos los indicios que se están sembrando en torno al Ejecutivo.
¿Ve alguna posibilidad de un cambio de Constitución en el futuro, como lo ocurrido en Chile?
Más allá de este intento fracasado del proyecto de ley, sí hay un grupo importante de gente que lo quiere, aunque no sea prioridad, como lo indican las encuestas, que el tema se discuta desde este Gobierno. Se puede llegar a un escenario en el que este Gobierno fracase, en un final adelantado, y haya suma inestabilidad e impredictibilidad que, de alguna manera, favorezca el surgimiento de una propuesta de asamblea como una salida política a la crisis.
Creo que sí hay una posibilidad de que eso suceda en el sentido de que aún no hemos tocado fondo ni llegado a ese punto, que probablemente el propio presidente esté ayudando a hacerlo. A medida que aumenta la crisis y que no haya una salida clara y ordenada, podría ganar fuerza la posibilidad de volver a escribir las reglas de juego.
¿Cree que la propuesta de adelanto de elecciones generales que se podría discutir en el Congreso tenga éxito?
Es difícil que eso gane fuerza por ahora, porque significaría que los 130 congresistas renuncien a sus beneficios y a completar su mandato de cinco años. Es difícil pensar que los congresistas que han sido elegidos decidan sacrificar ese mandato y recortarlo. Es una medida que no gana fuerza dentro del Congreso, pero que puede terminar imponiéndose sobre todo por la fuerza de la opinión pública.
SEGUIR LEYENDO: