Tensión en Las Bambas: comuneros rompen diálogo con el Ejecutivo tras desalojo y amenazan a minera

Desde el miércoles 28 se registraron enfrentamientos en Apurímac cuando la minera de cobre Las Bambas dispuso el desalojo de los comuneros que habían invadido sus predios desde el pasado 14 de abril. Tras los hechos, el presidente de la comunidad de Fuerabamba dijo que no permitirán la permanencia de la minera MMG Las Bambas y que “les ha declarado la guerra”.

“En estos momentos, seguimos en la lucha. Prácticamente, las Bambas nos ha declarado la guerra y la comunidad nunca se va a rendir. Vamos a seguir en la lucha día a día y noche a noche. Ayer, Las Bambas nos ha traicionado cuando el ministro de Energía y Minas tenía que llegar a las 2 p.m., ahí estaban los niños y las señoras tranquilamente esperando pero nos ha sorprendido cuando aparecieron los policías, militares y el personal contratado de las Bambas, los delincuentes venezolanos, y agredieron”, declaró a Exitosa el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas.

En tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aclaró que la intervención policial en el sector Takiruta de Las Bambas se realizó en el marco de una “defensa posesoria extrajudicial” tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo.

Mediante un comunicado indicó que dicha acción legal se encuentra regulada en el artículo 920 del Código Civil, y fue invocada por la empresa el pasado 16 de abril para solicitar a la Policía Nacional la defensa posesoria de terrenos ocupados por la comunidad campesina de Fuerabamba desde el día 14.

“Por ley, la oficina jurídica de la PNP evalúa dicha solicitud y, si concluye que concurren todos los requisitos de ley, resuelve ejecutar el desalojo correspondiente. El Ejecutivo no interviene en dicho procedimiento”, puntualizó.

La situación podría empeorar ya que Luis Alvarado, comisionado de la adjuntía para prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo, recibió información de la comisaría donde indican que las comunidades de Fuerabamba y de Huancuire están intentando ingresar nuevamente a la unidad minera Las Bambas.

“El riesgo de un escalamiento mayor de violencia no ha desaparecido. Y la Defensoría del Pueblo ha exhortado que haya un cese inmediato de la violencia. Eso hace que no se pueda retomar la agenda del diálogo”, sentenció.

Agregó que en estos momentos esperan verificar los compromisos asumidos entre la empresa y la comunidad, porque cada uno tiene una versión distinta. “Lo que falta es una comisión que haga una verificación. No se trata de una mesa de diálogo más, sino de un espacio técnico, qué porcentaje de avance real”, dijo a RPP.

Alvarado afirmó que la posición de la Defensoría es que puede haber una renegociación siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. “Lo concreto fue tratar el tema del motivo que es el incumplimiento de compromisos que existirían”.

LA VERSIÓN DE LA EMPRESA

En un comunicado señaló que durante los últimos trece días, MMG ha trabajado estrechamente con las comunidades, así como con representantes del Gobierno, en un afán por entablar un diálogo constructivo y realizar las coordinaciones necesarias para que los manifestantes abandonen la mina de forma segura. Las amenazas a la seguridad y a las operaciones derivadas de la invasión del sitio continúan.

Desde el miércoles, las fuerzas de seguridad de Las Bambas, respaldadas por la Policía Nacional del Perú, ejecutaron la Defensa Posesoria Extrajudicial con la finalidad de que los manifestantes abandonen el sitio.

Tras las acciones del día de ayer, los manifestantes de la comunidad de Fuerabamba abandonaron la propiedad de Las Bambas. “Lamentablemente, durante las acciones, un pequeño número de miembros de la comunidad, la policía y la seguridad privada sufrieron heridas leves. MMG expresa su solidaridad con todas las personas lesionadas, quienes recibieron el tratamiento médico correspondiente. Los manifestantes de la comunidad de Huancuire permanecen en el sitio”, indican.

El 27 de abril, el Gobierno peruano declaró el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqi, el cual se hizo efectivo desde el 28 de abril.

“Actualmente, más de novecientos empleados y contratistas de MMG permanecen en el sitio; y nuestra principal prioridad sigue siendo garantizar la salud, seguridad y protección de nuestros empleados, contratistas y miembros de la comunidad involucrados. Asimismo, el objetivo primordial de la empresa sigue siendo resolver la invasión actual del sitio de manera segura y restablecer el diálogo pacífico con la comunidad”, aseguran en el comunicado.

Finalizan puntualizando que MMG mantiene su compromiso de procurar un diálogo activo con el Gobierno del Perú y los miembros de la comunidad para lograr una solución pacífica a los problemas actuales.

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