El Ejecutivo dispuso la entrega de un apoyo económico excepcional a los deudos de los fallecidos en las manifestaciones y protestas en contra del gobierno de Pedro Castillo, realizadas entre el 1 y 6 de abril en las regiones de Huánuco, Ica y Junín.
Según el Decreto de Urgencia N° 008-2022, se entregará por única vez S/ 40,000 a los familiares de cada persona fallecida en las movilizaciones por el paro de transportistas, así como de agricultores y ganaderos. “El apoyo económico no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria”, aclara el DU.
“Tampoco tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por los fallecimientos ocurridos en el marco de las movilizaciones realizadas entre el 1 y el 6 de abril de 2022″, añade.
Los deudos han sido identificados en el marco de la labor del Grupo de Trabajo Multisectorial creado por la Resolución Ministerial N°0135-2022-JUS, en base a la información remitida por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar–Inabif.
De acuerdo a lo que dice la norma, el apoyo económico excepcional se financia con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable del cumplimiento de la presente norma –continúa del decreto de urgencia–. El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022″, se lee en el documento.
La norma es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero; y el Ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.
Esta medida fue saludada por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien recordó que también se entregó apoyo económico a los deudos de los jóvenes Inti y Bryan, fallecidos durante las protestas del 2020.
“Habiendo oficiado con anterioridad al Pdte. Castillo para que, en atención al principio de igualdad ante la ley, otorgue apoyo económico a deudos de personas fallecidas durante las protestas en contra de su gobierno, saludamos que se haya dado respuesta”, tuiteó el parlamentario.
SEIS MUERTOS
Cabe precisar que, del 1 al 6 de abril, se registraron seis personas fallecidas debido a los conflictos sociales y la inestabilidad política que se vivió en varias zonas del país. Por tal motivo, una semana después, el Pleno del Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora multipartidaria encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas en torno a las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el presidente Castillo.
La iniciativa fue presentada por la bancada de Renovación Popular para que luego se aprobara con 65 votos a favor, 38 en contra y cero abstenciones. Según lo aprobado en el Parlamento, dicha comisión estará conformada por cinco integrantes como mínimo y contará con un plazo de 90 días hábiles para realizar y presentar su informe final.
Por su parte, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos presentó una nueva denuncia constitucionalmente contra el jefe de Estado por aprobar un toque de queda en Lima y Callao el pasado martes 5 de abril. Según el Ejecutivo, fue en busca de evitar nuevos desmanes y conflictos entre la ciudadanía.
De acuerdo al documento, Castillo Terrones incumplió con su deber de respetar el Estado de derecho y la Constitución, como lo establece el Tribunal Constitucional (TC). Asimismo, señala que el mandatario adoptó “medidas desproporcionadas” que terminaron “afectando los derechos fundamentales, amparados en la dicotomía sobre qué principio es el que debe prevalecer, el de autoridad o el de libertad”.
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