Tras los últimos acontecimientos que se han suscitado en Challhuahuacho, en Las Bambas, en donde dos personas han resultado heridas tras los enfrentamientos con los policías para desalojar el campamento, el alcalde de este lugar, Porfirio Gutiérrez, no dudó en criticar la postura de Pedro Castillo frente a la crisis minera que enfrenta el país.
“La solución es que el presidente de la República tiene que levantar lo que ha declarado en estado de emergencia porque siendo el Gobierno del pueblo no puede declarar a su propio pueblo con estado de emergencia”, precisó en diálogo a RPP Noticias.
“Las tres comunidades han sido accesibles, han dicho que quieren conversar con el Estado, con la minera. Lo que pasa es que justamente -en el proceso de diálogo- lo declara en estado de emergencia. Desde el año pasado no hay conflictos. Acá en Chalhuahuacho no hay conflictos, hace poco inició el problema con las comunidades de Choaquere, Chila y Fuerabamba”, añadió.
Porfirio Gutiérrez, señaló que esto de los enfrentamientos es algo reciente, ya que antes no se registraban dichos conflictos, es por eso que cuestionó las acciones del mandatario para enfrentar esta problemática que impacta fuertemente en la economía.
“No sé qué ha sucedido con el señor Presidente. Nosotros somos colegas sus colegas del profesor Pedro Castillo, quizás no se dio cuenta y nos declaró en emergencia a su propio pueblo. Yo creo que el señor presidente no tiene capacidad de gobernar el país, el Perú está en debacle, por lo tanto, como su colega le digo, así como está pidiendo el pueblo peruano, que deje su cargo, que renuncie”, precisó.
Además, el alcalde provincial de Challhuahuacho, destacó que, a pesar del intento de desalojo, los comuneros ahora permanecen en el ingreso a Manantiales, en la carretera que lleva directo a la mina Las Bambas.
“Según la manifestación de sus dirigentes van a continuar, no van a dar tregua porque es un derecho que ellos tienen porque con la minera han tenido 13 ejes de desarrollo. De parte de la directiva de Fuerabamaba nos alcanzado que hay incumplimiento de sus compromisos porque a la fecha no han cumplido la entrega de 180 hectáreas de terreno que está estipulado en los acuerdos que han tenido con la minera Las Bambas. Asimismo, hay otros compromisos con la comunidad de Chila y Choaquere. Entonces en estos momentos continúan con la protesta”, expresó.
CONTINUAN LOS ENFRENTAMIENTOS
Mientras la minera china MMG Ltd. se dedica a expulsar a un segundo grupo de manifestantes que ocupan la gigantesca explotación de cobre Las Bambas en Perú, otro grupo intenta volver a ingresar a los terrenos.
El personal de seguridad de la mina está trabajando con la Policía para expulsar a los miembros de la comunidad de Huancuire de las áreas cercanas a la mina a tajo abierto, dijo Alexander Anglas, asesor legal de uno de los grupos de manifestantes.
Pero la tarea se ha visto complicada por los esfuerzos de los comuneros de Fuerabamba —que fueron desalojados el miércoles en un operativo que dejó varias personas lesionadas— por regresar a los terrenos de la mina y reanudar las protestas, informó RPP radio.
Los acontecimientos en Las Bambas, que representa alrededor del 2% de la producción mundial de cobre, son la última prueba para el asediado presidente Pedro Castillo. El exactivista rural de un partido marxista está lidiando con un recrudecimiento de los conflictos sociales y el descontento generalizado por el costo de la vida. El conflicto comunitario es un tema clave que se abordará en la feria minera Expomina esta semana en Lima.
Los manifestantes llevan unas dos semanas acampando en los terrenos de la mina, interrumpiendo las operaciones, mientras presionan a la empresa para que cumpla con las obligaciones de comprar las tierras. MMG, con sede en Hong Kong, ha dicho que cumple plenamente.
Tras el fracaso de las conversaciones para llegar a un acuerdo a principios de esta semana, MMG recibió luz verde para desalojar a los manifestantes en un intento por reanudar las operaciones.
Pero los manifestantes no saben por qué se llamó a la Policía ya que se habían programado conversaciones con altos funcionarios del Gobierno. El jueves, el Gobierno pareció lavarse las manos respecto a la decisión de desalojo, diciendo: “El Ejecutivo no interviene en dicho procedimiento”. ( Con información complementaria de Bloomberg)
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