Un contingente policial de más de 200 efectivos policiales iniciaron el operativo de desalojo de los comuneros de Fuerabamba en la zona de Takiruta, propiedad de la minera MMG Las Bambas, en la región de Apurímac.
Según nuevos reportes por parte de la policía, se conoció que dos personas resultaron heridas. Una de ellas es una pobladora, quien sufrió el impacto de un proyectil de arma de fuego en el ojo derecho.
Para hacer retroceder a los ciudadanos, la policía lanzó varias bombas lacrimógenas en la zona para disuadir a los comuneros que se negaban a abandonar los terrenos de la minera reclamando el cumplimiento de las promesas de la empresa. Hasta el momento se registran dos heridos, uno de ellos con una herida en el ojo.
El desalojo debió desarrollarse “el acto de defensa extrajudicial posesoria” y retirar a los comuneros de la zona, pero esta labor no se realizó en su momento y recién se pudo iniciar el operativo alrededor del mediodía.
PLAN DE DESALOJO
La mina de cobre Las Bambas, de propiedad de la china MMG Ltd, consideró un plan para desalojar a los comuneros que acamparon en la propiedad y obligaron a detener la producción, según dio a conocer ayer el periodista Marcelo Rochabrún de la agencia Reuters.
El código civil peruano permite a los propietarios desalojar a los intrusos por la fuerza durante los primeros 15 días después de que se hayan instalado en la propiedad. Si ese período de tiempo caduca, entonces deben pasar por un proceso legal más largo.
Como se recuerda, los hombres y mujeres de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire ingresaron a la mina el 14 de abril último y armaron campamentos dentro de la propiedad, incluso cerca del enorme tajo abierto de la mina. Las Bambas produce el 2% del cobre mundial y tuvo que detener sus operaciones el pasado 20 de abril.
“La comunidad de Fuerabamba fue reasentada para hacer posible Las Bambas. Pero el 14 de abril más de 100 comuneros regresaron a la tierra que una vez vendieron a la mina. Eso provocó que la mina suspenda operaciones el 20 de abril”, explica Rochabrún en Twitter. Señala que la minera Las Bambas tiene hasta el próximo viernes para poder desalojar a los invasores por la fuerza. De otro modo, el proceso sería más engorroso por la vía legal. El corresponsal de Reuters cita a Carlos Castro, uno de los gerentes de la operación minera quien aseguró que la medida “aún está en consideración”.
Sin embargo, mostró un documento de la defensoría, donde se pone como fecha de intento de desalojo este miércoles. Se trata de un oficio de la oficina de Apurímac de la Defensoría del Pueblo al Jefe del frente policial Apurímac, donde le comunica que la Defensoría no participará de la diligencia de defensa posesoria a realizarse el 27 de abril del 2022. “No corresponde a la Defensoría del Pueblo participar en dicha diligencia, puesto que esa competencia está asignada a la Policía Nacional”, indican.
Rochabrún informó que “las comunidades de Fuerabamba y Huancuire han estado preparándose todo el día ante rumores del posible intento de desalojo”. Lo que significa que este miércoles podrían haber enfrentamientos.
En una de las últimas comunicaciones de la empresa, informó así sobre la invasión. “Miembros de la comunidad de Fuerabamba ingresaron a la propiedad de Minera Las Bambas con el objetivo de protestar contra un supuesto incumplimiento de compromisos de inversión social con dicha comunidad, asimismo, algunos miembros de la comunidad de Huancuire también se unieron a la protesta. Este tipo de acciones se dan luego de un extenso período de inestabilidad social en el Perú, que incluye protestas que han afectado el sector minero, a nivel de todo el país”, aseguran.
SOBRE LAS PROTESTAS
Anthony Laub, abogado especialista en temas mineros, comentó en canal N que en Las Bambas hay un reclamo por parte de la comunidad basado en que les devuelvan los terrenos que ellos mismos cedieron, porque aseguran que la minera ha incumplido algunos acuerdos.
Sin embargo, señaló que “gran parte de los reclamos de los protestantes de Fuerabamba y de las comunidades circundantes, se produjeron por incumplimientos del Estado, más no de la empresa. Se utiliza a la empresa como el eje sobre el cual ellos pueden recibir algo más de lo que ya obtuvieron”.
Laub agregó que los fuerabambinos obtuvieron a través de un contrato de permuta un nuevo terreno, casas, incentivos económicos, y un paquete que incluso le daba trabajo a parte de los miembros. Y manifiesta que todo eso se ha cumplido. “Incluso a algunos les ofrecieron trabajo perpetuo”, apunta.
“Lo que en realidad está ocurriendo es un chantaje. Esto es una extorsión, no hay otro título que ponerle. Jurídicamente está oleado y sacramentado. Quien ha incumplido es el Estado. Pero es más fácil decirle a la empresa que no ha cumplido”, precisa Laub.
CIFRAS PREOCUPANTES
El abogado sostiene que por este tipo de conflictos, el país dejó de ganar 1,500 millones de soles. Cada paralización de Las Bambas cuesta 8.5 millones diarios al erario público.
Laub descartó que pueda haber una posible solución en un futuro cercano. “Esto, hoy día, no tiene solución, menos con el ministro de Energía y Minas que tenemos, con el PCM que tenemos y el ministro del Interior que tenemos. No lo veo solucionable en el corto plazo”, dijo.
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