Este miércoles, el Gobierno publicó la Ley N.º 31458, la cual reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales y garantiza su sostenibilidad y financiamiento.
Esta norma había sido aprobada a inicios de abril por el pleno del Congreso de la República con 110 votos a favor, y buscaba que se reconociera a las ollas comunes como organizaciones sociales de base para que pudiera garantizarse su financiamiento y fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios.
El proyecto, además, señala que pueden activarse durante emergencias naturales, sanitarias o graves circunstancias que afecten a la Nación. Asimismo, pueden seguir funcionando hasta 12 meses después de la emergencia.
Con la publicación de esta ley, los gobiernos locales, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y otros ministerios estarán autorizados para realizar modificaciones presupuestarias y destinar recursos para el financiamiento total o parcial de la adquisición y distribución de alimentos dirigidos a las ollas comunes.
Del mismo modo, se permite que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pueda habilitar con recursos presupuestales al Midis para realizar la adquisición de alimentos a estas iniciativas ciudadanas. Esto se llevaría a cabo mediante el programa Qali Warma.
En estos casos, el Midis deberá informar trimestralmente a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República sobre las compras y la entrega de los alimentos a las ollas comunes.
“De manera excepcional, cuando se requiera, para la financiación de la participación de las Fuerzas Armadas en el traslado de los bienes (productos o alimentos) se aplica lo previsto en la normativa vigente según la disponibilidad presupuestal citada en el presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo”, se detalla en la norma.
DEBEN ESTAR REGISTRADAS
Para poder gozar de todos estos beneficios, las ollas comunes deberán encontrarse debidamente registradas en el Registro Único Nacional de Ollas Comunes.
Además de lo mencionado, estas podrán seguir con sus labores de autofinanciamiento y recibir las donaciones a cargo del sector privado y la ciudadanía.
Cabe recalcar que las principales beneficiarias de las ollas comunes y comedores populares son las mismas madres de familia y mujeres que operan en estos espacios, donde se alimenta a las personas en estado de vulnerabilidad, pobreza, y especialmente las personas con discapacidad.
El reglamento de la ley se aprobará en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación de la norma, este miércoles 27 de abril.
Tras su aprobación en el Parlamento, el presidente de la república, Pedro Castillo, saludó la medida.
“Estamos a la espera de que el Congreso de la República envíe la autógrafa de la ley que reconoce a las Ollas Comunes como organizaciones sociales de base, para proceder a su inmediata promulgación. Saludo a los congresistas que impulsaron esa importante ley”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
SOBRE LAS OLLAS COMUNES
Durante la pandemia de la COVID-19 y, especialmente, durante la cuarentena del 2020, las carencias de millones de familias peruanas propagó la instalación de cocinas colectivas como alternativa de subsistencia en los asentamientos más carentes de Lima. Hasta la fecha, hay cerca de 240.000 personas que dependen diariamente de las ollas comunes, según informó la Red de Ollas Comunes de Lima.
A la fecha existen un total de 2.219 ollas comunes en los asentamientos humanos más humildes de Lima Metropolitana, aunque el número podría ser mucho mayor debido a la dificultad de rastreo. Dos terceras partes son autogestionadas y la mitad usan leña para preparar los alimentos, que alimentan al menos una comida al día a 238.977 limeños.
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