Estados Unidos denegó habeas corpus a Alejandro Toledo para evitar su extradición al Perú

Expresidente deberá responder ante la justicia peruana por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por haber recibido, presuntamente, una coima de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht

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Alejandro Toledo. Agencia Andina.
Alejandro Toledo. Agencia Andina.

El juez Laurel Beeler, de la Corte de California, denegó el habeas corpus presentado por la defensa de Alejandro Toledo, por el cual se solicitaba que el expresidente no sea extraditado al Perú para responder por los presuntos sobornos y entrega de más de 30 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht.

En su resolución, el magistrado consideró que corresponde a la justicia peruana decidir, en función a las evidencias que existan, si el exmandatario debe o no cumplir prisión.

El 28 de setiembre de 2021, el juez de Estados Unidos Thomas Hixson decidió que Toledo pueda ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican la repatriación solicitada por el gobierno peruano.

Un día después, en entrevista con la agencia Efe, Toledo informó que su defensa pediría un habeas corpus a la justicia estadounidense, lo que, en teoría, podía retrasar e incluso evitar su extradición a Perú.

“La siguiente acción de mi defensa aquí en Estados Unidos es que vamos a presentar un habeas corpus, que irá a un juez federal de California y luego todavía tiene dos instancias más”, indicó el exmandatario en aquella oportunidad.

Según el abogado de Toledo, Roberto Su, la práctica indica que normalmente en este tipo de casos en los que presuntamente se pueden haber visto afectados el derecho de defensa y el debido proceso, las extradiciones quedan en suspensión.

Su criticó las, a su juicio, contradicciones e inconsistencias en la decisión del juez Hixson, al que acusó de falta de objetividad y de haber tenido la sentencia ya medio preparada incluso antes de que se produjese la audiencia de extradición.

El habeas corpus era el único recurso legal de que disponía el mencionado expresidente, debido a que la sentencia del juez Hixson no puede ser apelada.

Toledo es procesado por la justicia peruana por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por haber recibido, presuntamente, una coima de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht para favorecerla con la licitación de la carretera Interoceánica.

HITOS DE SU CASO

El pedido de extradición de Toledo fue hecho por la fiscalía ante el juez Richard Concepción Carhuancho el 18 de febrero de 2018, quien lo admitió y envió el cuaderno a la Corte Suprema cuya Sala Permanente la aprobó un mes después.

En marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la extradición del expresidente para que responda por los presuntos lavafdos de activos, colusión y tráfico de influencias.

En julio de 2019, Alejandro Toledo fue detenido por las autoridades de Estados Unidos y permaneció en prisión por varios meses tras ser rechazado el pedido de su defensa del pago de fianza.

Meses después, en noviembre de 2019, el juez de la Corte Federal de los Estados Unidos, Vince Chhabria ordenó que que el expresidente continúe su proceso de extradición en prisión. Además, deberá presentar, en un plazo de 14 días, sus movimientos bancarios entre 2018 y 2019 y los de su esposa Eliane Karp.

En tanto, la justicia peruana aprueba en primera instancia el pedido de extradición contra Eliane Karp, Alejandro Toledo y Avraham Dan On, extrabajador de confianza del exjefe de estado, por el caso Ecoteva.

En agosto de 2021, la defensa del exmandatario Alejandro Toledo, presentó en Estados Unidos un pedido para que la corte niegue su extradición. Alegan que no tiene conexión con el dinero que entregó la empresa Odebrecht. Dice que ese dinero llegó hasta las cuentas de Josef Maiman y fue usado por este.

Sin embargo, la justicia de Estados Unidos decidió que Alejandro Toledo puede ser extraditado. Considera que hay las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero. Dependerá del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, tomar la decisión final.

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