La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República va a retomar la audiencia contra el exmandatario Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las fuertes protestas en noviembre del 2020.
La sesión se ha fijado para el lunes 25 de abril, para tratar la denuncia constitucional formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. La misma también incluye al expresidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, y al exministro del Interior, Gastón Rodríguez.
Se recuerda que el pasado 4 de octubre, la entonces Fiscal de la Nación presentó la denuncia por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas infligidas a 78 personas en la represión policial durante las movilizaciones de noviembre del año pasado.
En la misma se considera que los funcionarios incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones mencionadas. Además, considera que no adoptaron medidas para controlar el uso de la fuerza policial, que terminó siendo desproporcionada. Dicha omisión se dio, según la Fiscalía, pese a contar con información oficial referida a la intensificación de esas acciones.
En ese sentido, se indica que los denunciados habrían actuado con dolo eventual, pues desde que asumieron sus cargos conocían las manifestaciones sociales, ya que estas eran reportadas por los medios de comunicación.
Por otro lado, la SAC también continuará con la audiencia contra el exmandatario Martín Vizcarra y las exministras Patricia Balbuena y Ulla Holmquist, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado doloso por apropiación para tercero agravado.
MANUEL MERINO SOLICITÓ PENSIÓN VITALICIA
El año pasado se expuso que el expresidente Manuel Merino, cuyo mandato duró poco más de cinco días, envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), en el que solicita se le asigne la pensión vitalicia por el puesto que ocupó del 10 al 15 de noviembre de 2020. Él renunció a la Presidencia tras multitudinarias protestas en su contra que dejaron dos jóvenes fallecidos.
“Le solicito disponga se me otorgue la pensión establecida en la Ley N° 26519, así como también, se me asignen los beneficios logísticos y de personal señalados en el Acuerdo de Mesa N° 078-2016-2017″, dice el oficio de Manuel Merino recibido el 8 de setiembre de este año.
TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA ORDENA LA POLICÍA ENTREGAR INFORMES SOBRE MARCHAS DE NOVIEMBRE
A más de un año de las protestas ocurridas en el mes de noviembre de 2020, el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) solicitó al Ministerio del Interior (Mininter) que entregue los informes de inteligencia de la Policía.
Mediante un hilo de Twitter, el periodista Ernesto Cabral explicó que hizo un pedido de información al Mininter para que la Policía Nacional del Perú (PNP) le haga conocimiento de los informes que mencionaba la Fiscalía en su denuncia constitucional contra Merino. En este caso, se lo negaron.
Apeló al Tribunal de Transparencia, perteneciente al Minjus. “Mi principal argumento es que la Ley dice: ‘no se considerará como información clasificada la relacionada a la violación de derechos humanos’. La (Fiscalía) investiga la represión como una violación a los DD.HH.”, señaló.
Días después, este tribunal falló en su favor y ordenó al Ministerio Público que entregue los reportes de inteligencia, en un plazo de siete días hábiles. En caso contrario, recibirían una denuncia de la Fiscalía.
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