Las designaciones efectuadas por el presidente Pedro Castillo vuelven a ser motivo de cuestionamientos, pero esta vez a partir de un informe presentado por la Contraloría General de la República. La mencionada entidad, luego de una investigación publicó un informe en el que da cuenta que Jorge Alva Coronado, hombre que se desempeña como secretario general de Palacio de Gobierno, no cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo que en la actualidad ostenta.
“El secretario general del Despacho Presidencial ha sido designado sin acreditar la totalidad de requisitos de la experiencia mínima para el cargo, situación que pone en riesgo la idoneidad de los actos administrativos emitidos durante el ejercicio del cargo”, se logra leer en el informe N 001-2922-OCI/0276-SOO. La investigación se llevó a cabo durante la segunda quincena de marzo y logró publicar a mediados de este mes. La conclusión de la misma señala que “se ha identificado una situación adversa” sobre la designación del funcionario “que podría afectar la transparencia del ejercicio de la función pública”.
La Contraloría recomienda “hacer de conocimiento al presidente del Consejo de ministro el presente informe de orientación de oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de orientación de oficio al cumplimiento de los requisitos mínimos para la designación del titular del Despacho presidencial con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan”. Además, se señala que también se debe comunicar al Órgano de control institucional las medidas adoptadas luego de conocerse las conclusiones del informe.
EXPERIENCIA CUESTIONADA
La Contraloría general de la república ha determinado que Alva Coronado no cumple con los “cinco años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado”. Por su parte, el secretario general de Palacio de Gobierno indicó haber sido subgerente de Planeamiento y subgerente de Promoción de la Inversión de la Municipalidad de Jesús María, jefe de la sub-oficina de Recursos Humanos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), administrador de campamentos en la empresa Tinka Resources S.A.C. y gerente de administración de la librería imprenta JV EIRL.
Si bien la suma de estos trabajos es de cinco años y siete meses, la Contraloría no validó los dos últimos trabajos presentados y argumentó que “no se acredita que las funciones desempeñadas resulten de colaboración directa o indirecta a aquellas ejercidas por un funcionario público (...) que haya influido o coadyuve de forma directa o indirecta a las funciones ejercidas por la Dirección o Ejecutivos del empleador o que el cargo ocupado constituya uno de directivo o de nivel jerárquico similar”.
Hace aproximadamente un mes, el cuestionado secretario general sorprendió por su pedido de renuncia a aquellos que integran el denominado “gabinete en las sombras”. Según el memorando múltiple 004-2022-DP/SG, del 16 de marzo, que difundió en redes sociales el periodista Tito Alvites, entre los funcionarios se encuentra Beder Camacho Gadea, subsecretario general del Despacho Presidencial, Rodolfo Idrogo Mejía, director de comunicación estratégica e Imagen Institucional y encargado de la Secretaría de Comunicación y Prensa; Rodolfo Ramírez Apolinario, secretario del Consejo de Ministros; Jorge Enrique Gamarra Mendoza, director (e) de la Oficina de Telecomunicaciones, entre otros. Cabe recordar que uno de sus antecesores, Bruno Pacheco, también fue una figura cuestionada, aunque en su caso fue motivo de noticia al encontrársele US$ 20 mil en las instalaciones de su oficina.
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