Esta semana hubo algunos roces al interior del Gobierno debido a la estrategia de la lucha contra las drogas. El ministro de Defensa, José Gavidia, indicó que se está trazando como meta que el Vraem (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) deje de ser una zona de emergencia antes de 2026 -cuando termina la presidencia de Pedro Castillo- y quiere que las 40 bases contrasubversivas que se encuentran allí se conviertan en 40 centros de producción y desarrollo, pese a que persisten los remanentes del grupo narcoterrorista, el clan Quispe Palomino. También es una manera de neutralizar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que luchan por mantener la paz en una zona de emergencia.
El gobierno quiere construir vías de comunicación como carreteras, puentes y un aeropuerto en Pichari. Sin embargo, las FF.AA. siguen combatiendo en un lugar en que el 23 de mayo de 2021 fueron asesinadas 16 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en horas de la noche en San Miguel de Ene, una zona muy compleja y dominada en parte, por el narcoterrorismo.
Perú21 intentó comunicarse con el Ministerio de Defensa para que ofrezca su descargo, sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta, pese a que la lucha antidrogas continúa en el Perú, sobre todo, en ese lugar de combate.
Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) quiere que se ejecute la figura de la “autoerradicación” de cultivos ilegales. Y en el ideario de Perú Libre, elaborado por el secretario general del partido oficialista, Vladimir Cerrón, se planteó la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), que trabaja en coordinación con las bases militares en la zona.
En el Vraem, donde el 90% de la hoja de coca va al narcotráfico, hay 46 bases contrasubversivas y otras cinco que hacen un control fluvial. El diario peruano especificó que Gavidia había presionado a los altos mandos militares para proceder con sus intenciones, pero ninguno ha dado el visto bueno.
Aunque algunas bases militares no han tenido los resultados que se esperaban, estas siempre sirven para disuadir de los narcoterroristas de la zona. “Sin la presencia de esos ‘hitos de seguridad’, ellos avanzarán y recuperarán la zona perdida”, dijo una persona que decidió resguardar su nombre.
ANÁLISIS DE POLÍTICOS
Rubén Vargas, exministro del Interior durante el gobierno de Francisco Sagasti, manifestó que las bases no pueden convertirse en bases de desarrollo porque se deben trabajar con las autoridades locales y los gobiernos regionales, algo que no incumbe a la cartera de Defensa. “El ministerio debe concentrarse en que los ríos no sigan siendo impunemente ruta del narcotráfico”, manifestó.
El Mindef, aseguró Vargas, tiene que estar más pendiente de otros problemas como, “evitar que sigan violando impunemente nuestro espacio aéreo las narcoavionetas bolivianas”.
“Yo le diría al ministro: encárguese de los temas de seguridad del Vraem y no se involucre en un tema como es el desarrollo porque es absurdo (…) eso es pura demagogia”, mencionó.
Otto Guibovich, excomandante general del Ejército y excongresista de la República, opinó que si bien es posible el desarrollo en el Vraem, aún no está adecuada debido a la seguridad, así que “cualquier intento de desarrollo forzado no va a tener sostenibilidad”.
Además, recordó que durante el gobierno de Alejandro Toledo se intentó replegar a las FF.AA, lo cual no sirvió para nada, pues se permitió que se reorganicen los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.
“Mientras estén esos remanentes en el Vraem, es necesario contar con esas bases porque de alguna manera impiden el avance del camarada ‘José’ y sus huestes. Ese es el problema. En cuanto mayor facilidad les demos, ellos van a avanzar y eso no se puede permitir”, dijo José Baella, exjefe de la Dircote.
El grupo narcoterrista del clan de los Quispe Palomino están logrando salir del Vraem a las ciudades más cercanas: captan jóvenes para hacer un seguimiento y ejecuciones selectivas que son combatidas por las FF.AA.
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