Marco Gasco Arroba, el alcalde provincial de Chiclayo y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), anunció que, este miércoles a las 5 de la tarde, se realizará una movilización cívica nacional de los municipios “por la vida, la paz y la seguridad”. Además, opinó sobre las medidas que debe tomar la justicia con respecto a los violadores y sostuvo que la pena de muerte “es un clamor popular”.
El burgomaestre de Chiclayo consideró que el Congreso de la República debe debatir la permanencia del Perú en el Pacto de San José para así aprobar la pena de muerte para los violadores de menores, como en el caso de la niña de tres años violada y secuestrada por Juan Antonio Enríquez García.
“Pedimos la pena de muerte para gente como esta. Yo estoy convencido de que la mayoría lo quiere. Es el clamor popular. El respaldo lo tenemos de la mayoría de las municipalidades”, dijo Gasco Arroba a RPP Noticias.
MARCHA POR LA VIDA
Sobre la movilización de este miércoles, señaló que se realiza tras el caso de la niña de 3 años que fue secuestrada y violada en su región. También dio cifras de la realidad penitenciaria.
“El 22 % de los presos están por violación sexual, y de ese 22%, más de la mitad, están por violar a niñas. Es decir, el 12 % de la población carcelaria son violadores de niños. Y ellos son los que están condenados. ¿cuántos más están solo denunciados? ¿Cuántos más no son denunciados?”, manifestó.
CELERIDAD EN LA JUSTICIA
Por otro lado, este miércoles, presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y congresistas de la República, se reunieron para intercambiar información y articular acciones para mejorar el sistema de justicia, en el marco del caso de la menor víctima de violencia sexual en Chiclayo.
Barrios señaló que en el Código Procesal Penal contempla el proceso inmediato, el cual evita algunos pasos procesales a fin de juzgar de manera célere cuando existe flagrancia delictiva. Además, indicó que se implementará un módulo de flagrancia en Trujillo, pero que se requieren muchos más en todo el país.
“Nosotros estamos copiando un modelo porque ya hemos articulado, hemos viajado a Ecuador que tiene un modelo bastante similar, allí por ejemplo el récord que tiene es un proceso en 8 horas de flagrancia. Aquí mínimamente podríamos tener juzgamiento en 30 días o dos meses, depende de la actividad procesal”, indicó.
Respecto al caso de la menor víctima de violencia en Chiclayo, dijo que la figura de la prisión preventiva siempre tiene que existir por mandato judicial; sin embargo, aclaró que la persona puede ser juzgada en un plazo menor.
En tanto, la congresista Flor Pablo (del Partido Morado) expresó el apoyo del Legislativo para aprobar normas que contribuyan a agilizar la administración de justicia.
“Nuestra disposición es que este caso, que nos duele a todos los peruanos, sea un caso emblemático para mejorar nuestro sistema de justicia, para que todos los poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, que es nuestro caso, podamos unirnos para resguardar y hacer mejores normas y fortalecer nuestras instituciones”, dijo.
Además de Flor Pablo, las congresistas Norma Yarrow de Avanza País; Rosangella Barbarán de Fuerza Popular y otras participaron de la reunión con la titular del Poder Judicial.
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