Desde que se conoció el repudiable caso de secuestro y violación sexual de una niña de 3 años, ocurrido en la ciudad de Chiclayo y que ha conmocionado al país, el presidente Pedro Castillo anunció que el Gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tal como ya se realiza en otros países del mundo.
“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó.
Este hecho ha abierto todo un debate político. Y ha dejado más grietas en un gabinete que ya está bastante venido a menos, con rumores de un recambio que suena cada vez más fuerte. El premier Aníbal Torres indicó este lunes que el proyecto de ley sobre la castración química a violadores será debatido en Consejo de Ministros y posteriormente en el Parlamento. Aseguró que esta es una manera de combatir crímenes atroces.
Al ser consultado sobre la posibilidad de implementar la pena de muerte, el jefe del Gabinete Ministerial precisó que ello no se puede ejecutar debido a que “la Corte de San José no lo permite”.
Sin embargo, la abogada penalista Romy Chang informó que de implementarse la castración química requeriría de un engorroso camino legal, porque la constitución indica que se debe buscar la resocialización del reo, pero esta es una pena para toda la vida. Además, a su criterio, se debería denunciar el Pacto de San José, porque ningún otro país miembro aplica este tipo de penas. Este proceso no es nada fácil, conlleva denuncias y sanciones económicas.
Tras lo anunciado por Torres, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Félix Chero, se mostró convencido de que el Gabinete Ministerial respaldará el proyecto normativo elaborado por el equipo técnico del sector Justicia.
Afirmó que acudirá al Pleno del Congreso de la República para sustentar y defender el proyecto de ley sobre castración química “a defender nuestra postura, a defender nuestro proyecto porque creo yo que la fundamentación y las ideas se presta para la discusión democrática en la que tendremos que defender nuestra postura”, dijo el ministro en declaraciones a Canal N.
“[Los congresistas] tienen que entender que los proyectos que presenta el Ejecutivo tienen que ser objeto de análisis, seguro de debate y discusión, pero optar por aquellos que responden justamente a las expectativas sociales. Si no se hace así, lamentablemente no estamos cumpliendo nuestra función constitucional”, añadió.
Sin embargo, según anunció Latina, seis bancadas se pronunciaron en contra del proyecto de Castillo.
MINISTRO EN CONTRA
El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se mostró en contra de la propuesta de la castración química, ya que considera que esta debe pasar por estudios y ver si es que da resultado o no.
“Debe ser reevaluado. Así no más no se puede afirmar, debe tener un estudio. Van a ver ese caso (el miércoles en Consejo de Ministros). Pero ssí no más no se puede sacar”, sostuvo.
En tanto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, fue más cauto. Señaló que cada dos horas un niño o niña es violado en el Perú. “Si fuera nuestro niño estaríamos como locos. Pero esta no puede ser una decisión de daño contra daño y de muerte. Tenemos que hacer un pacto entre todos”, mencionó.
Como psicólogo, sostuvo que la violencia empieza en algo que no notamos, como cuando un papá le dice a su hijo que haga lo que él le ordena porque es su padre. “Si no los consideramos personas, serán como objetos. El Estado y la sociedad deben entender que los niños son lo más sagrado que tenemos”, apuntó.
Sobre lo dicho por el ministro Chávarry, Sánchez precisó: “No es una descoordinación, hay un planteamiento, pero la evidencia científica, el costo beneficio, la política comparada con otros países nos van a dar mayores elementos”.
OTROS EJEMPLOS
La castración química como medida complementaria para violadores de menores se aplica actualmente en unos 10 países. Entre ellos están Estados Unidos, donde se aplica desde 1966; Polonia, Rusia, Reino Unido, Australia y Francia. En Mendoza, Argentina también se aplica.
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