En la tarde del sábado, el gobierno de Pedro Castillo sorprendió al proponer la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. En relación al caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido hace unos días en Chiclayo.
Sin embargo, esta medida ya ha sido planteada anteriormente sin éxito debido a las dificultades de su aplicación y a la poca eficacia para evitar agresiones sexuales, de acuerdo a Alberto Tejada, exministro de Salud y urólogo.
“Evidentemente, esta iniciativa del presidente (la castración química para violadores) es un sentir público. Buscan generar un castigo sobre el agresor. Sin embargo, esta propuesta no es nueva, ya han existido, año tras año, propuestas parecidas. El tema acá es la viabilidad y efectividad, y si es la solución al problema”, dijo en una entrevista para Canal N.
¿EN QUÉ CONSISTE LA CASTRACIÓN QUÍMICA?
La castración química es un procedimiento con el cual, a través de sustancias inyectables, se bloquea el eje hormonal que tiene el hombre a nivel del cerebro, lo que genera la pérdida de la libido o el impulso sexual. El efecto de estas sustancias se comienza a sentir recién a los 28 días de aplicadas.
Alberto Tejada explicó que para lograr la castración química se necesita aplicar permanentemente un medicamento, ya sea de manera mensual, trimestral o semestralmente, así se reducen los niveles de testosterona en el individuo, en este caso en el agresor. “Es como si una persona fuera diabético y tenga que estar pendiente dándole insulina para tener controlada su azúcar”, indicó.
“Por ello, estaríamos sujetos al uso continuo e indeterminado del medicamento. Además, se necesita supervisión para que esto sea efectivo. Por esto no ha sido viable por mucho tiempo, al margen de los principios constitucionales”, agregó.
En esa línea, el especialista manifestó que es casi imposible controlar dentro de las cárceles del Perú la aplicación continua de los químicos. “Lo complicado es el costo y la vigilancia de que los medicamentos lleguen dentro de un penal, donde hay una logística muy complicada. Entendemos que el sistema penitenciario tiene enormes falencias alimentarias, humanitarias, entre otras”, precisó.
“No sé si en nuestro país será efectivo en el tiempo, entendiendo que estos químicos deben ser tomados de por vida. No es una cosa que yo le doy al paciente y el efecto queda consolidado”, continuó.
NO ES LA SOLUCIÓN
El exministro de Salud consideró que, pese a que la testosterona tiene influencia en el impulso sexual, deseo y energía de cada hombre, la castración química no es la solución al problema. Según resaltó, el Gobierno estaría mitigando con esta propuesta el problema de fondo, que es la salud mental de los agresores sexuales.
“El problema de los violadores no está en sus genitales ni en sus hormonas, sino en su cerebro. Por lo que el deseo de castigar a un violador (con la castración química para violadores) trata de mitigar un tema de fondo, porque se ha visto que mucho de ellos, o han sido violados o pueden ser violadores reincidentes”, expresó.
“Detrás de ellos hay problemas de salud mental que hay que atender. Este problema (la violación sexual) se debe atender más por este enfoque, y no por un tema hormonal. Bajar la libido no los desenfoca de cometer sus delitos, sino se necesita de una atención especializada en psiquiatría”, aseveró.
APROBACIÓN DEL CONGRESO
Pedro Castillo indicó que la viabilidad de esta medida deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará de la aprobación del Congreso de la República para su legalidad, tal como ya se ha hecho en Rusia, Estados Unidos (siete Estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, donde se aplica.
“Exhortamos al Congreso de la República respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos hechos violentos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, señaló.
El Jefe del Estado aseguró que están vigilantes del estado de salud de la menor agraviada en Chiclayo y que se ha dispuesto, de ser el caso, por medio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que sea trasladada junto a sus padres a la ciudad de Lima, para garantizar su rehabilitación y el apoyo psicológico, además de la asesoría jurídica y defensa legal gratuita que están a disposición de la familia.
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