La exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, expresó su rechazo por el caso de la menor de 3 años que fue secuestrada y abusada sexualmente, en Chiclayo, y por los otros casos similares que se han registrado en el país en las últimas semanas. Señaló que el Poder Ejecutivo debe tomar medidas prontamente, pero la castración química, que está proponiendo el Gobierno, no sería eficaz.
La abogada señaló que las personas claramente indignadas por estos crímenes “muchas veces se pueden dejar sorprender por el tema de la castración química”, pero aseguró que “eso no soluciona nada”. Además, explicó que el procedimiento es muy costoso y, “lo que hace es inhibir la erección, pero no impide el tema mental”.
En el caso de la pena de muerte, otra medida exigida por las miles de personas que protestan en contra del caso de la niña, la exministra recordó que esta propuesta “tiene consecuencias jurídicas gravísimas”. Esto considerando que el Perú la pena de muerte no es aceptada, ya que el Estado está adjunto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José.
PROPUESTAS
Sasieta propuso medidas como la construcción de centros penitenciarios exclusivamente para personas que violentan sexualmente a menores de edad. “Que ellos mismos cosechen en algún lugar de nuestra serranía, la selva, como colonia penitenciaria”, planteó en una entrevista en RPP Noticias.
Por otro lado, la exministra también dijo que se debería impulsar el Registro de Agresores, donde figuren todas las personas denunciadas y sentenciadas por crímenes de este tipo, como una medida para combatir estos delitos. Sasieta agregó que es urgente que esta información sea de acceso público y deje de ser exclusiva para la Policía y Fiscalía.
“Tiene que ser de acceso público (el registro) porque el Gobierno, el Estado en realidad, tiene el deber de otorgarle a la ciudadanía herramientas para defenderse. Entonces, hasta una joven que quiera denunciar una relación afectiva, ingresa a ese registro y va a saber quién es la persona que está pretendiendo”, comentó.
También cuestionó que solo 400 sedes de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) estén acreditadas ante el Ministerio de la Mujer (MIMP), cuando el total a nivel nacional es de 1,700 alcaldías distritales. La abogada explicó que es importante que estos espacios estén registrados para que puedan dictar medidas de protección en casos de violencia o abandono.
NO ES UN CASO AISLADO
Además, resaltó que el abuso de la menor en Chiclayo no debe verse como un caso aislado. “Podría decir que el asesinato de este niño de San Martín marca lo que no podemos ya permitir. Ante un momento duro es mejor un momento rojo que tres amarillos. Yo creo que podemos hacer rápidamente, el Ejecutivo, sobre todo, tiene que tener la vocación política demostrada en hechos”, señaló.
ABUSO DE MENORES
El pasado miércoles 13 de abril, una pequeña de 3 años fue encontrada atada de pies y manos con cinta de embalaje luego de haber permanecido 15 horas en cautiverio. Un hombre de 48 años la secuestró y abusó sexualmente de ella.
El nombre del sujeto es Juan Antonio Enríquez García, más conocido como el ‘Monstruo de Chiclayo’. El hombre aprovechó la distracción de sus padres para llamar la atención de la menor y subirla a su auto. La mantuvo en el segundo piso de su vivienda, ubicada en la urbanización El Santuario.
Por otro lado, en la región de San Martín, un sujeto fue acusado y detenido hoy por haber abusado sexualmente y asesinado a una menor de apenas un año y 8 meses en la localidad de Selva Alegre, en el distrito de El Porvenir, en Tarapoto, región San Martín.
El personal de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo detuvo, luego de hallar el cuerpo de la menor sin vida en una quebrada. Lo que indignó más a la población es que el acusado era padrastro de la niña.
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