La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes, 11 de abril, al presidente Pedro Castillo que revoque los decretos de emergencia emitidos en las últimas semanas, pues los consideró medidas desproporcionadas que abren la puerta a abusos contra los ciudadanos.
En un comunicado, la entidad internacional señaló que los últimos decretos deben contar con una justificación que amenace “la vida de la nación”. Ello considerando que en el estado de emergencia se suspenden derechos constitucionales.
La directora interina para las Américas, Tamara Taraciuk Broner, afirmó que “suspender los derechos básicos de las personas y enviar tropas para hacer frente a una huelga y al crimen es peligroso y muy desproporcionado con la situación”.
“El presidente Castillo debe revocar los decretos de estado de emergencia”, señaló.
El decreto de estado de emergencia por 30 días, emitido el 7 de abril, aplica a la red vial nacional, compuesta por más de 27.000 kilómetros y conformada por las principales carreteras del país. Este respondía a la “problemática” generada por el paro de transportistas, que había involucrado la toma de diversos tramos de carreteras al rededor del país.
Este decreto se suma a otros tres (2 de febrero, el 17 de marzo y el 4 de abril) que aplicaban un hecho similar en Lima y Callao. Particularmente, el toque de queda decretado para el 5 de abril fue duramente criticado, pues habría sido aplicado supuestamente para evitar una marcha que pedía la renuncia de Castillo. Sin embargo, esta de todos modos se llevó a cabo y terminó en saqueos.
SIN JUSTIFICACIÓN
“Los decretos no explican la ‘problemática’ se supone que abordan, ni por qué son necesarias medidas tan extremas para combatir la criminalidad o para responder a protestas. Brindan una limitada o nula justificación para las medidas de emergencia y, en lugar de eso, citan informes policiales secretos”, se lee en el pronunciamiento.
La directora para las Américas de HRW añade que estas medidas se han aplicado “sin una justificación clara, las últimas medidas parecen más un intento de detener las protestas antigubernamentales en un momento en que el Gobierno enfrenta enormes dificultades políticas”.
“En lugar de debilitar el Estado de derecho, el presidente Castillo debería priorizar su fortalecimiento”, expresa.
VIOLENCIA EN LAS PROTESTAS
La entidad defensora de los derechos humanos también recuerda que el 28 de marzo, en el primer día del paro de transportistas, al menos cinco personas fallecieron en diversas circunstancias durante las protestas. El 1 de abril, un niño de 13 años se ahogó tras caer a un río mientras, según su familia, huía de la policía. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó que otra víctima había sido alcanzada por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, el 5 de abril; y que otra persona falleció por una bala perdida, el 6 de abril. Además, el Ministerio Público también informó que una persona falleció al no poder llegar a un hospital por la obstrucción de vías de transporte y otra murió al ser atropellada por un automóvil durante una protesta el 28 de marzo.
Por otro lado, la HRW reconoció la violencia ejercita en la represión policial durante las protestas y que 20 policías sufrieron lesiones en Lima en los enfrentamientos del 5 de abril.
“La fiscalía debe realizar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demoras de todos estos casos (...). Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no deben dispersarlas incluso si consideran que son ilegales. Como regla general, las protestas pacíficas que bloquean el tránsito pueden dispersarse solamente si causan perturbaciones graves y duraderas”, señaló.
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