El Congreso de la República aprobó exonerar temporalmente el Impuesto General a las Ventas (IGV) a algunos productos de la canasta familiar como el pollo, los huevos, el azúcar y los productos cárnicos. Sin embargo, no incluyó el pan y el aceite, pero sí el lomo fino, faisán, gallina de Guinea y otros productos importados, que no son de consumo popular en el Perú.
El premier Aníbal Torres pidió al Legislativo que corrija “rápidamente” la ley aprobada por haber incluido esos alimentos que no son de acceso a la población de escasos recursos en el Perú.
“Al recibir la autógrafa de la ley notamos que el Congreso desvirtuó el proyecto, al exonerar al lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, leche condensada, lasagna, ravioles, entre otros, que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos”, escribió en su cuenta de Twitter.
El primer ministro agregó que el ministro de Economía, Oscar Graham, podía auxiliarlos para que no vuelvan a caer en esta equivocación.
“Estimamos que es un error del Congreso, el cual no tiene capacidad de gasto. Solicitamos que corrija rápidamente este entuerto. El ministro de Economía está presto a colaborar para reformular la norma favoreciendo a los más necesitados. ¡Trabajemos juntos!”, explicó.
Según fuentes cercanas al diario La República, el Ejecutivo observará esta norma, que fue firmada el viernes por la tarde por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, quien se mostró satisfecha en sus redes sociales: “¡El Congreso cumplió con el país! Aprobamos la ley que exonera el pago de IGV para productos de la canasta básica familiar: huevos, pollo, azúcar, entre otros. Estamos con quienes paran la olla. Presidente, es urgente la promulgación de esta ley, el pueblo no puede esperar”.
Ahora, el Parlamento tiene que incluir solamente productos con mayor incidencia sobre el gasto de las familias más pobres, sobre todo, porque la vigencia es hasta diciembre de 2022 y tendrá un costo fiscal de S/ 3.200 millones.
HABLAN LOS ECONOMISTAS
El exministro de Economía, Waldo Mendoza, criticó que estén el “lomo fino, están los patos, las codornices, la lasagna”, y que los proyectos de ley para el sector económico “no se hace en dos días”.
“El otro problema es que la Constitución dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que todo proyecto de ley en materia tributaria o de exoneraciones debe tener un informe del Ministerio de Economía (MEF)”, dijo a RPP Noticias.
“El MEF tiene en este momento la tarea delicada de opinar sobre este proyecto de ley mal hecho, costoso. El otro gran problema es que este IGV, a diferencia del Selectivo al Consumidor, donde el poder está en el MEF para revertir la medida, esta medida tiene que ser revertida por el Congreso. Quiero ver al Congreso revirtiendo esta medida”, agregó.
Por su parte, Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, manifestó a La República que el impacto de la exoneración del IGV en los precios finales de los alimentos será mínimo porque el alza de precios es un fenómeno global agregado a la informalidad en los mercados con estos productos.
“De hecho, habrá una disminución, pero no se verá el 18% reflejado en los precios. El impacto que se sentirá no será mucho, es un paliativo dentro de una tendencia mundial que es difícil de sopesar”, expresó.
Finalmente, el economista Jorge Gonzáles Izquierdo comentó que actualmente todos los alimentos perecibles, como los vegetales y frutas, ya están exonerados del IGV.
“Desde hace tiempo todos los alimentos perecibles no pagan IGV desde hace tiempo, entonces esa rebaja no va afectar a esos productos (perecibles). Lo que va a afectar son los precios de siete productos”, declaró.
El también catedrático cree que la medida es una buena opción para bajar los precios de los productos básicos, pero si es temporal porque serían dos costos para el Estado. “Primero tiene un costo de recaudación fiscal porque vas a recaudar menos, porque se ha exonerado el IGV al producto final sino a toda la cadena productiva”, aseguró.
Gonzáles Izquierdo expuso que debido a que es una importante rebaja a la recaudación tributaria, esta puede ser compensada con una mayor recaudación de impuestos en otros sectores como la minería.
“Cuando tomas estas medidas que te cuestan recursos deberían de ser muy bien focalizadas, pero aquí estás beneficiando no solo a quien de verdad lo necesita. Por esos dos costos la medida tiene que ser transitoria, lo menor posible”, concluyó.
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