El presidente Pedro Castillo, como jefe de Estado, tiene la facultad constitucional para conceder indultos y conmutaciones de penas a sentenciados por graves delitos. Así, en estos casi nueve meses de gobierno, ha concedido un total de 8 gracias presidenciales a presos de diferentes penales a nivel nacional.
El Centro Liber, proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), accedió a la lista de los beneficiarios de indultos y conmutaciones de penas desde julio del 2021 hasta febrero de 2022. De esta forma, pudo observar que en los motivos que sustentan estas gracias presidenciales están “situaciones de salud delicadas” y “madres recluidas junto a sus menores hijos”.
Estos son los casos:
1. Sarita Zúñiga Cayllahua: condenada por el delito de robo agravado. Permanecía en el establecimiento penitenciario junto a su hijo menor de edad, razón por la que se le conmutó la pena.
2. Sara Barrios Cortéz: condenada por el delito de tráfico ilícito de drogas. Permanecía en el establecimiento penitenciario junto a su hijo menor de edad, razón por la que se le conmutó la pena.
3. Rene Hendrikus Linssen: ciudadano holandés, condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas. Se le concedió la gracia por estar en situación de riesgo en medio de la pandemia, ya que es de la tercera edad.
4. Emilia del Águila Tello: condenada por el delito de hurto agravado. Se le redujo la pena por no tener una condena mayor a 4 años.
5. Jhonathan Almerco Martinez: condenado por el delito de comercialización de productos farmacéuticos falsificados. Se le concedió el indulto común y su pena fue perdonada.
6. Guillermo Sifuentes Pantoja: condenado por el delito de estafa agravada. Se le concedió el indulto común y su pena fue perdonada.
7. Harold Vilcas Marquina: condenado por el delito de receptación agravada. Se le concedió el indulto común y su pena fue perdonada.
8. Jose Angel Ruiz Rojas: exrecluso, condenado por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Se le concedió un indulto por razones humanitarias.
SOLICITA AL CONGRESO DEROGAR LEY QUE LIMITA CUESTIÓN DE CONFIANZA
Mediante un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el presidente Pedro Castillo, y el primer ministro, Aníbal Torres, presentaron una iniciativa que propone derogar la Ley 31355, la cual limita el uso de la cuestión de confianza y fue aprobada por insistencia en octubre de 2021.
El documento fue recibido el 8 de abril por mesa de partes del Legislativo.
La ley actualmente vigente señala que el Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza solo en materias de su competencia, relacionadas con sus políticas de gobierno, pero no por la aprobación de reformas constitucionales o aquellas que afecten los procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento.
El proyecto será enviado al grupo parlamentario liderado por Patricia Juárez, la Comisión de Constitución y Reglamento, donde ya se han dejado de lado otras iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, el congresista Víctor Cutipa (Perú Libre) señaló que pediría que se priorice, “más aún en la coyuntura en que nos encontramos”.
Así, este constituye el segundo intento del Ejecutivo en contra de esta norma, luego de haber presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) y que este la haya declarado improcedente. Exactamente, lo que se propone en el oficio es: la derogación de la Ley N° 31355 “Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132° y en el artículo 133° de la Constitución Política del Perú”.
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