Red vial nacional en emergencia por 30 días: ¿Se podrá transitar en Semana Santa? Especialista responde

En este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control de las carreteras a nivel nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

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Estado de emergencia en la red vial nacional por 30 días.
Estado de emergencia en la red vial nacional por 30 días.

El Gobierno declaró la red vial nacional en estado de emergencia por 30 días calendario, periodo en que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden de las carreteras de todo el país con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Dicha disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo Nº 035-2022-PCM, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, a raíz de las constantes protestas y manifestaciones que bloquean la entrada de distintas ciudades del Perú, perjudicando el abastecimiento de alimentos, medicamentos, entre otras emergencias.

Esta medida ha generado confusión en una parte de la población, y tienen como duda principal si las carreteras a nivel nacional quedarán cerradas o no al tránsito vehicular, sobre todo ahora que se acerca el feriado por Semana Santa, la misma que es una temporada para realizar turismo interno. Ante ello, Infobae conversó con Ricardo Yturbe, abogado especialista en gestión pública, para aclarar esta iniciativa.

¿EN QUÉ CONSISTE?

De acuerdo a Yturbe, esta disposición es la más idónea con respecto al paro de transportistas de carga pesada y agricultores que afronta el país. Además, el especialista precisó que se debió decretar días antes, en lugar de la fallida inmovilización total que dictó el Ejecutivo en Lima y Callao, el pasado 5 de abril.

“Este estado de emergencia en la red vial nacional tiene un sentido más ecuánime que el toque de queda decretado en Lima. En este caso sí hay una proporcionalidad para retornar a la tranquilidad, paz y seguridad en las carreteras que han tomado, en lugar de cerrar una ciudad sin ningún sentido”, manifestó.

“Acá lo que se estaría buscando es retirar a los manifestantes de las carreteras, suspender los derechos de reunión, los derechos de libre tránsito en la red vial nacional. Este estado de emergencia tiene que ver directamente con los manifestantes”, aclaró.

Es decir, el correcto uso del estado de emergencia en la red vial nacional es retomar la tranquilidad en las carreteras nacionales. Es decir, liberar las vías y permitir que los carros, entre otros vehículos, puedan transitar sin peligros. “Que los camiones puedan abastecer a Lima y otras ciudades”, agregó Yturbe.

Por último, indicó que esta disposición servirá para que la Policía Nacional pueda hacer uso de la fuerza frente a actos vandálicos que derivan de las protestas, y no para impedir viajes turísticos, laborales o de ocio.

“Hay gente que debe de estar pensando que esto es para todos. Que no se va a poder viajar, ni para trabajar o para Semana Santa. No va por ahí”, comentó.

“Este Estado de emergencia servirá para que las autoridades puedan hacer ejercicio del uso de la fuerza para retomar la paz y la tranquilidad, y resguardar a los demás ciudadanos. Ya que hemos visto hechos aislados a las protestas, como hechos vandálicos, pero que la policía no ha hecho nada. Hasta el día de hoy no hay un número claro por parte de la PNP de cuentos detenidos han existido hasta el momento, en el acto”, finalizó.

ESTADO DE EMERGENCIA EN LA RED VIAL NACIONAL POR 30 DÍAS

Durante este estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

La intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se efectuará conforme a lo dispuesto en los decretos legislativos 1186 y 1095, que regulan el uso de la fuerza por parte de ambas instituciones.

La implementación de las acciones previstas en el decreto supremo se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.

La norma lleva la rúbrica del presidente Pedro Castillo, del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y de los titulares de Defensa, del Interior y de Justicia y Derechos Humanos.

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