El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, interpuso una demanda de habeas corpus contra el presidente de la República Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, el ministro del Interior Alfonso Chávarry y contra el ministro de Justicia Félix Chero. Esto debido a la vulneración del derecho fundamental a la libertad de tránsito y los principios de necesidad razonabilidad y proporcionalidad, al imponer la inmovilización social obligatoria en sus domicilios en Lima y Callao.
La denuncia también menciona que me mediante el articulo 1 del Decreto Supremo 034-2022-PCM, que modifica el articulo 2.2 del Decreto Supremo 025-2022-PCM. que promulga el Estado de Emergencia en LimaMetropolitana del departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao.
Lo que solicita el defensor del Pueblo es que se declare fundada la demanda y que se deje esta inmovilización obligatoria.
“En ese sentido, solicitamos se declare fundada la demanda y, por consiguiente, se disponga dejar sin efecto la inmovilización obligatoria decretada para el día 5 de abril, desde las 2:00 a.m. hasta las 11:59 p.m., así como exhortar a las codemandadas de abstenerse en volver a incurrir en una medida de igual o similar naturaleza, bajo responsabilidad. Para tales efectos, la demanda deberá ser notificada a los demandado procuradores, conforme a las siguientes direcciones”, se lee.
En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo se pronunció en horas de la madrugada y sostuvo que esta medida adoptada por el Poder Ejecutivo “es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.
“El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad. (...) Estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta no se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social” señalaron.
“La orden de inamovilidad (toque de queda) no toma en cuenta los severos impactos que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país, la mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad, razón por la que su derecho al trabajo se verá afectado lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud y educación”, se lee en el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.
¿QUÉ ES UNA DENUNCIA POR HABEAS CORPUS?
Una denuncia de habeas corpus busca proteger al ciudadano ante una detención que pueda no ser legal. Es decir, evitar que se produzca o prolongue una detención si no hay un motivo legal que lo justifique. Cuando a un ciudadano se le detiene queda restringido, sobre todo, su derecho a la libertad. Entendiendo por libertad moverse libremente y para llevar a cabo cualquier acto o actividad que la ley no prohíba. Por ello las detenciones que realiza la Policía, Guardia Civil o cualquier otro cuerpo deben realizarse dentro de la legalidad que marcan la Constitución y las leyes.
El habeas corpus solo se centra en si la detención es legal o ilegal, sin entrar a valorar en ningún momento jurídicamente el hecho que la motivó.
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