¿Tiene la vacancia de Pedro Castillo algún aspecto positivo para el Perú? Esto señalan tres constitucionalistas

Un intento de vacancia presidencial vuelve a aparecer en la agenda del Congreso, esta vez en contra del presidente Pedro Castillo, quien en sus primeros ocho meses de gobierno ha estado vinculado a diversos cuestionamientos y escándalos que han debilitado su imagen. Si bien existen quienes alegan que esta delicada y polémica medida se impulsa en pos de la gobernabilidad, cabe preguntarse si realmente la vacancia traería beneficios teniendo en cuenta las crisis a las que condujo la destitución de otros mandatarios.

“En realidad ningún rasgo positivo”, señala el constitucionalista Omar Cairo. “La vacancia es un procedimiento dirigido, según la Constitución y la historia constitucional, a declarar que el cargo presidencial está vacío o que el presidente, por alguna razón objetiva, no puede seguir ejerciendo el cargo”, agregó en conversación con Infobae. Sobre la declaración de una supuesta incapacidad moral del presidente de la república, el especialista declaró que se trata de una “alteración del significado genuino de la expresión”.

“Se trata de un término que se ha introducido al constitucionalismo peruano en 1839 cuando a las enfermedades mentales se les atribuía orígenes morales”, sostuvo Cairo para luego agregar que la inmoralidad no es una causal para destituir a un mandatario pues esta se analiza “según cuál sea el sistema moral al que se adscribe el examinador. Lo único obligatorio para un presidente y todo ciudadano es cumplir las reglas jurídicas”.

Mientras que Cairo asegura que debe especificarse que el polémico término en realidad hace referencia a la incapacidad mental, el también constitucionalista Bruno Fernández considera que debe haber “cierto margen de flexibilidad” en el uso de la expresión. “Lamentablemente, en los últimos años hemos visto un uso frecuente y poco motivado de la incapacidad moral, pero creo que la respuesta está en los usos que le den los parlamentarios, así como en la argumentación que se use para saber si existe tal incapacidad”, agregó.

Otra diferencia entre los mencionados especialistas está vinculada a supuestas motivaciones golpistas detrás de la destitución del jefe de Estado. Si bien Cairo considera que “destituir un presidente con el disfraz de la incapacidad moral es un golpe de Estado” y que el proceso de vacancia es un intento del mismo, Fernández prefiere no usar ese calificativo para referirse “al uso de un mecanismo constitucional”. “Estoy de acuerdo con que puede haber cuestionamientos sobre si es arbitrario o si existe específicamente la causal, pero, teniendo en cuenta que el mismo Tribunal Constitucional ha dejado bastante abierta la propia causal de incapacidad moral, el adjetivo de golpe de Estado no lo colocaría”, acotó.

¿QUÉ CAMINO TOMAR?

Para el exministro de Defensa y abogado experto en materia constitucional, Alberto Otárola, la vacancia contra Pedro Castillo sería consecuencia de la “reforma política trunca que tiene al país ante un modelo político que ha generado disensos en lugar de consensos”. Además, hizo referencia a la necesidad de contar con una nueva Carta Magna alegando que los problemas con la actual Constitución recaen en las constantes reformas hechas a varios de sus artículos. “Dudo de la capacidad de este Congreso, pero creo que uno nuevo podría dedicarse a revisar, actualizar o a dictar una nueva Constitución”.

Fernández, por otro lado, se inclina al hecho de impulsar “ajustes a nivel constitucional para poder tener una gobernabilidad que alivie las tensiones entre los poderes del Estado. El diseño actual no parece tener en cuenta eso. Esto genera que tanto el Legislativo pueda presentar mociones de modo continuo como que también el Ejecutivo pueda hacer uso indebido de otras figuras constitucionales como la Cuestión de confianza con el único objetivo de disolver el Congreso y no necesariamente superar la crisis”.

A pesar de las diferencias entre los especialistas citados en esta nota, los tres concuerdan en la necesidad de cambios dentro de la Constitución para delimitar la facultades tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo. Sin embargo, todo dependerá principalmente de la madurez y voluntad política de quienes se encuentren ejerciendo el poder político.

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