Luego de dos años de migrar a educación virtual debido a la pandemia de COVID-19, la Defensoría del Pueblo demandó el regreso obligatorio a clases presenciales en las universidades del país y exhortó a las autoridades ofrecer las garantías necesarias para lograr esto.
Se pronunciaron en un comunicado, donde el organismo señaló que este cierre de universidades e institutos afecta la formación profesional de miles de jóvenes, su competitividad y salud emocional, así como las posibilidades de realizar producción académica y científica, aspecto consustancial a la existencia de las universidades.
Además, consideró que gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones educativas y el Estado se pudo disminuir el impacto de la pandemia sobre la educación superior y sobre todo implementar la educación remota que desde siempre permitió la continuidad educativa de miles de estudiantes.
No obstante, expresó que la situación sanitaria actual exige que se garantice de manera efectiva la reapertura de universidades e institutos y la educación presencial, pues esta permite el desarrollo educativo con las condiciones básicas de calidad universitaria, como por ejemplo el acceso a bibliotecas, laboratorios, desarrollo de prácticas, entre otros.
“De acuerdo al III Informe Bienal sobre la realidad de las universidades en el Perú, en 2020 la tasa de interrupción de estudios en pregrado fue de 18.1 % a nivel nacional, mientras que en 2019 la tasa fue de 6.2 %”, advirtió.
El organismo recordó que, en febrero de 2022, el Ministerio de Educación aprobó el retorno a la modalidad presencial y/o semipresencial en las universidades públicas y privadas, así como las escuelas de posgrado, mediante la Resolución Viceministerial Nº 015-2022-MINEDU.
Según la normativa, las universidades deberán definir el modelo híbrido y el porcentaje de presencialidad a implementar, así como desarrollarse bajo seis principios: seguridad, flexibilidad, autodeterminación, equivalencia, accesibilidad y calidad.
Cabe resaltar que ya comenzaron clases presenciales en los diferentes colegios del Perú cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
Sin embargo, la Defensoría sostuvo que dicha norma es insuficiente para promover el efectivo retorno a las aulas universitarias de forma presencial, lo que se ve reflejado en las numerosas quejas recibidas por la poca disponibilidad de clases presenciales tras dos años de educación virtual.
“Es importante tener en consideración que nos encontramos en una etapa de la pandemia distinta a la de los años 2020 y 2021, contando con un avance exitoso de la vacunación y con conocimiento suficiente de las medidas de bioseguridad adecuadas y efectivas para cuidar nuestra salud”, sostuvo en el comunicado de hoy.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Educación modificar la Resolución Viceministerial Nº 015-2022-MINEDU con la finalidad de que se adopte un nuevo marco normativo que acelere la reapertura de universidades e institutos de educación superior, y que se garantice el servicio educativo presencial a miles de jóvenes.
A su vez, exhortó a que la nueva regulación establezca la obligatoriedad de la prestación del servicio educativo presencial y que solamente de manera excepcional y debidamente justificada se brinde educación semipresencial y a distancia.
NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS
Por otro lado, dentro de los modelos educativos híbridos a desarrollarse, las orientaciones aprobadas consideran tres diferentes escenarios a través de los cuales las universidades podrían implementar dichos modelos.
El primero es el que toma en cuenta la agrupación de estudiantes, como clases simultáneas, mixtas, replicadas paralelamente y rotativas por grupos de estudiantes.
El segundo es aquel centrado en la naturaleza de la asignatura, en el que se llevarán de manera presencial o no presencial, así como de naturaleza mixta.
Por último, el tercer escenario es aquel centrado en las y los estudiantes, en el que se brindarían asesorías personalizadas; autonomía para escoger la forma del dictado de la asignatura; puntos estratégicos de aprendizaje y actividades de verano y/o periodo vacacional.
Con esta normativa, las universidades se encuentran habilitadas para brindar un servicio presencial o semipresencial durante el 2022-1, sin que ello implique una modificación de licencia, dejando la educación remota de emergencia, que se tuvo que implementar a causa de la emergencia sanitaria.
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