Juan Fernández Hanco, defensor de la Reserva Nacional de Tambopata, fue asesinado a balazos por sicarios, al parecer contratados por mafias integradas por mineros ilegales que desde hace años amenazaban a su familia, denunció su hermano y coordinador del Comité de Gestión de la reserva, Germán Fernández.
Según contó Germán, él se encontraba en el domicilio de su hermano durante un evento cuando un sujeto llegó y le disparó dos veces cerca de la cabeza. De acuerdo a su versión, eran dos sicarios los que se encontraban esa noche en el lugar. Ambos habrían sido contratados por personas ligadas a la minería ilegal. “Esos señores son invasores. Sicarios contratados por mineros ilegales. Mientras la minería ilegal esté en Nueva Arequipa, todos los días van a haber muertos. Este lugar deberían declararlo en emergencia. Todos los días muere gente aquí”, sostuvo.
Pero el asesinato de Fernández Hanco sería una advertencia para la familia, ya que hace dos semanas la hermana de ellos fue secuestrada por personas vinculadas a estas actividades ilegales cuando se encontraba en la chacra de su familia. La situación es tan grave que tanto Germán como su padre cuentan con garantías para su vida, pero la víctima no contaba con esta protección. “A mí todos los días me amenazan. Vienen a la puerta de mi casa y mandan disparos al aire (…) Siempre he luchado contra la minería ilegal en toda la zona de amortiguamiento, pero allí no hay control. Hay policías que no trabajan, y es por eso que no los pueden sacar de allí”, agregó.
Para el defensor medioambiental, Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, la situación en Madre de Dios está fuera de control, sin funcionarios ni autoridades que se interesen en ofrecer alguna solución a las actividades extractivas que están depredando los bosques amazónicos. “Aquí hay una muestra más de la indiferencia que existe. A la gente ilegal la quieren legalizar, y los tratan como si fueran legales en La Pampa. Aquí, en el Perú, nunca encontramos justicia. Tenemos que acudir a instancias internacionales”, detalló.
Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con el crimen de Juan Fernández ya son 14 los defensores ambientales asesinados desde el inicio de la pandemia. Esta cifra reúne los casos reportados por las organizaciones indígenas y el Estado peruano.
“Lo preocupante de esta situación es que Juan Julio es la tercera persona defensora ambiental víctima de asesinato en Madre de Dios. La impunidad con la que actúan los ilegales en Tambopata continúa generando un contexto retador y mortal para quienes buscan defender sus tierras y bosques porque son sus medios de vida, por eso su lucha nunca va a parar”, señaló Luisa Ríos, coordinadora regional de la SPDA en Madre de Dios.
MESA DE DEFENSORES AMBIENTALES
Tras este hecho de sangre, el Gobierno se comprometió a impulsar una Mesa de Defensores Ambientales en Madre de Dios, para articular acciones con autoridades, organizaciones indígenas y sociedad civil con el fin de propiciar entornos seguros a favor de las personas defensoras de derechos humanos y reducir situaciones de riesgo.
Así lo informaron los ministerios del Interior, Justicia y Ambiente, en un comunicado conjunto luego que se supiera del asesinato del defensor ambiental Julio Fernández Hanco.
El comunicado precisa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) tomó conocimiento de los hechos y se puso a disposición de los familiares de la víctima. “Inmediatamente, realizó las coordinaciones pertinentes con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, y otras autoridades locales, para el inicio de las investigaciones pertinentes y el pronto esclarecimiento de los hechos”, agrega el documento.
El Ministerio Interior (Mininter), por su parte, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), se encuentra colaborando con las labores del Ministerio Público en las diligencias dispuestas como parte de las investigaciones de la muerte del defensor ambiental.
VIOLENCIA DESMEDIDA
Ojo Público en un informe especial recoge datos del estudio “Last line of defence” de Global Witness, que establece que durante todo el 2020, 227 defensores ambientales fueron asesinados en 22 países del mundo. De este total, tres cuartas partes de los ataques se reportaron en América Latina. Es decir, 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su territorio.
Los países con más asesinatos fueron Colombia (65), México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12) y el Perú (6).
En las cifras acumuladas, Brasil es el país con más víctimas, con 697 defensores asesinados del 2002 al 2020; le sigue Colombia con 317 y Filipinas con 293. El Perú reportó en ese tiempo 96 casos.
Asimismo, el informe de ‘Clima de Cambios’ de la Universidad Católica, señala que se estima que la minería ilegal y la minería informal suman entre 300 mil y 1 millón de personas dedicadas a estas actividades, las cuales se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional.
“La minería ilegal en el Perú es un fenómeno que va en aumento cada año y las acciones del Estado frente a ello no son suficientes, más bien existe la falta de regulación legal y la carencia de estrategias. En este sentido, la inacción de las políticas contra la minería ilegal ha generado que esta actividad ilícita siga en aumento y se genere un retraso en el cuidado y protección del medio ambiente, además de que se viola los derechos de las personas aledañas a los proyectos”, agrega.
En países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Bolivia hay grandes áreas donde la minería ilegal ha depredado bosques; creado dragas; destruido fuentes de agua y envenenado suelos y aire a causa de reactivos muy tóxicos que sin un adecuado uso, tratamiento y control ha generado un impacto incalculable al medio ambiente.
Según el Portal Mongabay se han identificado 2,312 sitios con esta actividad ilegal. También, 245 áreas de extracción no autorizadas en las que se explota oro, diamantes y coltán.
Además la inacción del Gobierno, la falta de voluntad política o conflicto de intereses, ha cobrado innumerables vidas en Madre de Dios además de la depredación de 100.000 hectáreas de selva amazónica, contaminación masiva, asesinatos y trata laboral y sexual de personas. De esta tierra se extraen cada año ilegalmente más de 2.000 millones de euros en oro.
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