Ejecutivo impugnará el fallo del Tribunal Constitucional que ordena la liberación de Alberto Fujimori

El premier Aníbal Torres indicó que actuarán dentro del marco legal, pero protegiendo los derechos de las personas afectadas por los delitos del expresidente.

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Alberto Fujimori tiene juicios pendientes
Alberto Fujimori tiene juicios pendientes pese a la resolución del TC. Foto: Andina

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a la restitución del indulto presidencial a favor de Alberto Fujimori. Sobre la actuación del Ejecutivo respecto a la próxima liberación del expresidente, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que restablece el indulto humanitario concedido durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, refirió que lo hará “dentro del marco legal”.

“Protegiendo también los derechos fundamentales de las personas afectadas por gravísimos delitos que son conocidos por todos como La Cantuta con estudiantes secuestrados, torturados y quemados en un camino a Cieneguilla, (...) o lo que ocurrió en Barrios Altos o en otros lugares del país. Vamos a actuar dentro del marco de la ley, porque esa sentencia se tiene que acatar”, afirmó.

A propósito de versiones que aparecieron en algunos medios de comunicación, el Tribunal Constitucional manifestó en redes sociales que “la sentencia del caso Alberto Fujimori (expediente 02010-2020-PHC/TC) aún no ha sido publicada”. La aclaración surgió luego de que algunos medios de comunicación difundiera la ponencia del magistrado Ernesto Blume, donde se da a conocer algunos considerandos de la decisión.

Como se recuerda, el TC declaró el pasado jueves 17 de marzo fundado el habeas corpus presentado a favor de Alberto Fujimori y restableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

OPINIÓN INTERNACIONAL

Los expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su consternación por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de restablecer un indulto presidencial y poner en libertad al expresidente Alberto Fujimori, afirmando que representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno.

“Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas”, dijeron los expertos, señalando que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.

La decisión del Tribunal Constitucional del 17 de marzo de 2022, y los argumentos que la sustentan, aún no se han hecho públicos.

“A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”, dijeron.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA MAGISTRADOS

La legisladora de Perú Libre Margot Palacios presentó, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, una denuncia constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda, por fallos que considera van en contra de los derechos humanos.

Palacios mencionó que en el presente año el TC ha emitido resoluciones que desconocen la consulta previa, ordenan que se archive el caso El Frontón y declaran fundado un habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori.

En el documento enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Palacios interpone denuncia contra los cuatro magistrados con la finalidad que se inicie un procedimiento por infracción a la Constitución en sus artículos 1 y 2 (incisos 1, 2, 3, 4, 18, 19, 21, 22, 24) 200 y 201, y la cuarta disposición final y transitoria.

De igual manera señala que los miembros del TC infringieron el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y pueblos tribales en países independientes y por conductas tipificadas en el artículo 418 (prevaricato) del Código Penal.

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