Luciana León: ¿cuáles son los casos en los que está siendo investigada la excongresista?

El 11 de marzo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de la excongresista aprista Luciana León por diversos delitos que habría cometido mientras ejercía funciones. Los delitos se le asocian con su involucramiento con la organización criminal Los Intocables Ediles, pero sus acciones ilicitas serían más.

León Romero está siendo acusada por la Fiscalía por la presunta comisión “en calidad de autor” de los delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado peruano. La tesis fiscal señala que la exlegisladora habría “desplegado acciones con la finalidad de favorecer la presunta organización criminal Los intocables ediles de La Victoria, liderada por el exalcalde Elías Cuba”.

El 3 de junio de 2021, se presentó ante el Ministerio Público y rechazó todos los cargos que se le imputan. Dijo que nunca había sido investigada por hechos similares.

Conoce aquí los casos en los que se ha visto involucrada o ha sido investigada:

La acusación en contra de León Romero se da en el caso de una presunta contratación ficticia de trabajadores. La fiscalía sostiene que la política “habría contratado personal de confianza para que trabaje en su oficina, sin embargo, no realizaba labores efectivas”.

Las personas contratadas eran Celso Albert Omar Carranza Mosquiera, María Ángela Ayala Díaz, Edward Esteban Paz Arista, Roberto Cabrera del Castillo, Jessica Teresa Mayer Vásquez e Ydo Johnny Vásquez Peña.

“El dinero correspondiente a sus haberes sería entregado a León en sobres. Dicha acción se habría realizado desde el año 2017 hasta el 30/09/2019 en que fueron cesados al cerrarse el Congreso de la República”, dice el documento del Ministerio Público.

- El delito en cuestión es el peculado: “El peculado es el hurto al Estado y sanciona al funcionario que se apropia o se queda con bienes público que le han dado para hacer ciertas cosas vinculadas con el despacho. La pena es de 4 a 8 años. En el caso de Luciana León hay un agravante (pertenecer a una organización criminal) y la pena podría ir de 8 a 15 años de prisión”, explicó la abogada penalista Romy Chang a El Comercio.

El documento de la denuncia constitucional también señala el presunto rol de León Romero en Los Intocables Ediles. Se menciona que, según las investigaciones realizadas por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima - a cargo de investigar el caso, la excongresista sería el “brazo legal político” de la presunta organización criminal. La exparlamentaria habría estado encargada de “ampliar la red de contactos y vínculos de la línea de dirección con claros fines económicos”.

La fiscal también señala a Betsy Matos, exasesora de León en el Congreso, “como una de las personas que integraría tal área” en la red criminal. El Ministerio Público sostiene que, para lograr sus cometidos, la organización liderada por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba, y Alex Peña Quispe disponía de “un área de protección policial”. Los miembros ya fueron identificados y se encuentran bajo investigación fiscal.

El delito en este caso específico sería el de asociación ilícita para delinquir y sanciona a cualquier persona que pertenezca a alguna organización que se dedica sistemáticamente a cometer delitos.

“No se necesita que, en efecto, se haya realizado el delito. Podría ser que la asociación se esté formando y no haya perpetrado ningún robo o corrupción, pero el hecho de crear una especie de empresa criminal dedicada de manera sistemática, repartiéndose funciones, ese solo hecho ya es un delito. La pena va de 8 a 15 años de cárcel. Y si eres el líder o el que financia esta organización o, de alguna manera, dirigente, la pena puede llegar hasta los 20 años de prisión. La pena es efectiva”, explica la abogada Chang.

La tesis fiscal sostiene que León Romero habría gestionado con funcionarios de los Ministerios de Economía y Vivienda la financiación de obras en los años 2017 y 2018 en favor de la Municipalidad de La Victoria. Estas eran otorgadas a los consorcios vinculados a Alexander Peña Quispe, líder y financista de Los Intocables Ediles, para que las ejecute.

Además, La excongresista habría “gestionado”, a través de Matos, “la implementación de una fábrica de ladrillos en el terreno de propiedad de Juan Peña Quispe (hermano de Alex Peña)”. Esto se habría hecho para contactar con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo “para viabilizar y facilitar los objetivos” de la organización.

El hecho data de 2017, año en el que se dieron las coordinaciones telefónicas entre Matos y Peña. A este hecho también se le imputa el delito de asociación ilícita “por haber gestionado a través de Betsy Matos una reunión en el mes de junio de 2017 entre Alex Peña con funcionarios del Cuartel General del Ejército, “de la que se presume se coordinarían negocios ilegales en donde se tratarían temas vinculados con casinos, bienes, etc”.

- Delito de asociación ilícita para delinquir: el delito sanciona a las personas “que tienen influencias o dicen tener influencias y se las vende a personas a cambio de llegar a ciertos funcionarios públicos que se encuentran conociendo un proceso legal o administrativo, por ejemplo, una licitación”, explicó Chang. Además, las penas simples por este delito van de 4 a 6 años de cárcel más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de Luciana León, debido a que era funcionaria pública en el momento que cometió el delito, la pena se elevaría de 4 a 8 años de cárcel (efectiva).

Por otro lado, el Ministerio Público también manifestó que la exlegisladora habría recibido “sumas de dinero a cambio de sus gestiones ilícitas que se habrían dado desde el mes de marzo de 2017 hasta el mes de mayo de 2018″. Estas habrían ocurrido con previas coordinaciones entre ella, Matos y Peña. La fiscalí sostiene que se utilizaban cuentas de terceros del entorno familiar para las transacciones bancarias.

- Delito de cohecho pasivo impropio: “En términos simples es corrupción y sanciona al funcionario público, que acepta o recibe cualquier tipo de beneficio para realizar un acto que es propio de su cargo, por los cuales no tendría por qué cobrar. La pena es de 4 a 6 años de cárcel”, explica la abogada.

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