Petroperú se encuentra en medio de una crisis institucional que está preocupando tanto al Estado como a los trabajadores de la empresa. Los empleados temen que la compañía termine en la quiebra, debido a la mala gestión de la actual administración de la empresa. Además, denuncian abusos a sus derechos laborales, por lo que están exigiendo la salida del gerente general, Hugo Chávez.
La crisis en Petroperú ha llegado a tal nivel que ha provocado que la agencia Standard & Poor’s (S&P) rebajara hace unos días su calificación a largo plazo de BBB- a BB+, ubicándola en una categoría donde se ubican los ‘bonos basura’. Ello ha despertado la preocupación de los dueños de la empresa estatal: el Estado, y generado incertidumbre en los trabajadores.
A esto se le suma las denuncias de abusos por parte de los empleados, quienes acusan a la gerencia general, a cargo de Hugo Chávez Arévalo.
RECORTE DE SUELDO
Aldo Collantes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), declaró ante La República y señaló que el último 14 de marzo la empresa estatal comunicó el recorte de sueldo de un total de 125 trabajadores.
Mediante un comunicado, la empresa señaló que 112 de esos empleados tenían sueldos “no acordes a su nivel de responsabilidad”. Por otro lado, sobre los 13 restantes, se informó que serían reubicados de posiciones con otra escala salarial. Sostienen que estas medidas no tienen sustento alguno.
”(...) hacemos de conocimiento que existen ciento doce (112) trabajadores identificados que perciben sueldos no acordes con su nivel de responsabilidad, motivo por el cual la Alta Dirección ha dispuesto la reducción del mismo a partir de la fecha”, se lee en el documento.
“Asimismo, se comunica que existe un grupo de trece (13) trabajadores que realizan funciones de supervisión sin contar con el título académico correspondiente, los que serán ubicados en otras posiciones y en la escala salarial correspondiente”, agrega.
Sin embargo, ante la presión de los trabajadores, la empresa estatal dejó sin efecto la medida.
Collantes señaló que, luego de que el STAPP no respaldara a la actual administración de Petroperú, comenzaron a ser atacados. Por ejemplo, el actual secretario general del STAPP, con 28 años de servicios, fue cambiado de posición en diciembre del 2021. Pasó de supervisor de tesorería a auxiliar de servicio al cliente. Además, fue trasladado de San Isidro a la refinería de Conchán, pese a que la norma establece que un dirigente sindical no puede ser movido de su localidad.
Por ello, el sindicato redactó una carta abierta y expresó que “se ha despedido y/o humillado con remociones y traslados lejos del lugar de sus labores habituales y reducción arbitraria de sueldos a trabajadores con más de 40 años de servicios; enfrentamientos entre trabajadores, propiciando y auspiciando organismos sindicales, corrompiendo la lucha sindical al someterlos con dádivas y ventajas sobre los que no aceptamos su prepotencia y abusos”.
Por otro lado, Collantes denunció que la actual administración cambio a cerca del 90% de la plana gerencial de la empresa y fueron sustituidos por exfuncionarios del Gobierno Regional de Áncash. Afirmó que no cumplen con el perfil para asumir la responsabilidad, pues no tienen experiencia en el sector de hidrocarburos.
“Queremos que la administración definitivamente cambie con su salida, porque la reputación financiera está asociada a su presencia a Petroperú. Él (Hugo Chávez) solito ha malogrado la imagen de la empresa”, manifestó.
CONVOCATORIA A PARO NACIONAL
Debido a la situación, el STAPP ha convocado a un paro nacional de 48 horas, para el 21 y 22 de marzo. Exigen que cese el abuso que vienen sufriendo.
Sin embargo, el sindicato dijo que, luego de esta convocatoria, se “viene amenazando con el despido para quienes acaten la paralización”.
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