Alberto Fujimori aún tiene que responder por otros casos pese a indulto

El exjefe de Estado tiene varios procesos judiciales y juicios pendientes, de los cuales no puede quedar exento de responsabilidad.

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Alberto Fujimori tiene juicios pendientes pese a la resolución del TC. Foto: Andina
Alberto Fujimori tiene juicios pendientes pese a la resolución del TC. Foto: Andina

Después del fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, el exmandatario está a la espera que el organismo constitucional le notifique a las entidades correspondientes la resolución del hábeas corpus y luego, que sería a partir del lunes 28 de marzo, sería excarcelado.

Sin embargo, el exdictador tiene procesos judiciales y juicios pendientes que aún siguen en trámite y deben seguir su curso, pues no son afectados por el indulto.

“Cuando se otorga el indulto, es sobre determinados hechos específicos. Es decir, no es un indulto que implique que todos los casos que están en curso ya no tengan sentido (…) yo no puedo otorgar un indulto por casos futuros; sino por los casos por los casos que ha evaluado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski”, dijo el abogado penalista Andy Carrión a El Comercio.

Esto significa que Alberto Fujimori no puede quedar exento de responsabilidad por los otros casos, en los cuales no se han terminado su proceso y podría ser condenado a pena efectiva o absuelto.

CASO PATIVILCA

Uno de los procesos que tiene pendiente el expresidente es el denominado Caso Pativilca. Alberto Fujimori solicitó en enero de 2018 que se declare la extinción de la acción penal tras la gracia presidencial de diciembre de 2017 cuando salió libre por primera vez. Pero la Sala Penal Nacional rechazó el pedido y resolvió continuar con el proceso contra el exmandatario.

“Resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, siendo además, una medida que como hemos analizado, colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución”, se lee en la resolución.

En enero de 2020, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó la decisión para no aplicar el derecho de gracia en el Caso Pativilca. La Fiscalía pidió 25 años de cárcel para Alberto Fujimori y por tratarse de un crimen de lesa humanidad no prescribe. Aún se espera el juicio oral.

El exdictador fue acusado como presunto autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud -homicidio calificado -asesinato- y autor del delito contra la tranquilidad pública -delitos contra la paz pública y asociación ilícita- en agravio del Estado.

Además, la Fiscalía le imputa utilizar prácticas paralelas e ilegales que estuvieron a cargo del Grupo Colina, que consistió en el secuestro, la tortura y el asesinato de seis comuneros en la pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca (Barranca) el 28 de enero de 1992.

FOTO DE ARCHIVO-Manifestantes sostienen retratos de personas que murieron durante el gobierno del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, durante una protesta contra la candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori. 6 de junio, en Lima, Perú. 22 de mayo de 2021. REUTERS/Sebastián Castañeda
FOTO DE ARCHIVO-Manifestantes sostienen retratos de personas que murieron durante el gobierno del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, durante una protesta contra la candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori. 6 de junio, en Lima, Perú. 22 de mayo de 2021. REUTERS/Sebastián Castañeda

ESTERILIZACIONES FORZADAS

En diciembre de 2021, el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional Especial abrió proceso penal contra Alberto Fujimori y otros por el denominado Caso de las Esterilizaciones Forzadas.

Hace unas semanas comenzó el juicio: además del expresidente también se enjuiciará a los extitulares de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aquinaga (congresista de Fuerza Popular), sin embargo, los dos últimos mencionados no asistieron a las diligencias.

En este caso, Alberto Fujimori está siendo procesado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en agravio de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, y otras, bajo el contexto de grave violación de derechos humanos.

No obstante, el proceso penal fue suspendido solo para el exjefe de Estado hasta que el gobierno chileno se pronuncie sobre el pedido que realizó el Perú para ampliar la extradición por este caso.

De izq. a der. María Ysabel Cedano, Defensa legal DEMUS, una mujer que representa a las víctimas de esterilización, Victoria Vigo, víctima y sobreviviente de la esterilización forzada y Jennie Dador, Secretaria de CNDDHH, en una fotografía de archivo. EFE/STRINGER
De izq. a der. María Ysabel Cedano, Defensa legal DEMUS, una mujer que representa a las víctimas de esterilización, Victoria Vigo, víctima y sobreviviente de la esterilización forzada y Jennie Dador, Secretaria de CNDDHH, en una fotografía de archivo. EFE/STRINGER

CHAVIMOCHIC

En esta acusación, que aún está pendiente de iniciar, se acusa a Alberto Fujimori de autorizar el uso de 800 mil dólares de fondos públicos para que Augusto Miyagusuku compre dos terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en La Libertad.

Según la Fiscalía, en 1994, Miyagusuku, quien era presidente de la aseguradora Popular y Porvenir (PyP), adquirió los terrenos, ubicados en el sector III del Proyecto Especial Chavimochic del Valle de Virú, presuntamente a favor del expresidente.

OTROS CASOS

El exmandatario también tiene pendiente responder por otros siete casos cuyas solicitudes de ampliación de extradición fueron aprobadas por el actual gobierno, en 2021.

Alberto Fujimori está acusado de la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y tiene una ampliación de extradición, a través de seis resoluciones por los casos de Castro Castro, Chavín de Huántar, Consejo de Defensa, Familia Ventocilla, Panamericana TV y Opositores por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secretos de interés nacional en agravio del Estado.

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