Este jueves 17 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) tomó la decisión de restituir la validez del indulto y derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre de 2017. Esto no solo hace posible su pronta liberación, sino también abre la interrogante ante qué sucedería con los dos casos aún pendientes de juicio: la ampliación de la extradición de Chile y el caso de las esterilizaciones forzadas.
La decisión del tribunal se dio al discutir un hábeas corpus presentado por el abogado de Ica, Gregorio Parco Alarcón, para anular la sentencia de la Sala Penal Especial Suprema, la cual anulaba el indulto de 2017.
¿QUÉ IMPLICA EL INDULTO?
El indulto otorgado por Kuczynski supone el perdón de la sanción de 25 años de prisión, que el 9 de abril del 2009, la Sala Penal Especial impuso a Fujimori por los delitos de homicidio calificado-asesinato, lesiones graves y secuestro agravado con trato cruel en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Esta es la única pena que se le perdona, ya que las otras sanciones de prisión se cumplieron. Por ejemplo, Fujimori también fue condenado a seis años de prisión por el allanamiento ilegal del domicilio de Trinidad Becerram, a siete años y medio por el pago de la CTS a Montesinos y otros seis años por el espionaje telefónico. Pero, debido a que en el Perú las penas no son acumulativas y se cumplen de manera simultánea, dentro de los cerca de 15 años que Fujimori pasó en la cárcel, se declara que ya cumplió las otras condenas de menor duración.
Por otro lado, el indulto perdona la pena de cárcel, pero no la condena por el delito ni borra los antecedentes ni el pago de la reparación civil. Quiere decir que el exdictador aún debe unos S/ 51 millones de soles.
¿QUÉ SUCEDERÁ CON LOS OTROS CASOS?
El expresidente Kuczynski también le otorgó a Fujimori el derecho de gracia para todos los procesos en trámite, por lo que aún no recibe condena. Esto alcanzaría a dos procesos que se encuentran actualmente en trámite, y cuentan con autorización de la Justicia chilena: la ampliación de la extradición y el caso de las esterilizaciones forzadas, el cual que recién ha entrado en investigación judicial y tiene pendiente el proceso de extradición.
Son dos los casos en proceso de extradición. Uno es por la acusación por el asesinato de seis ciudadanos de los anexos San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca; a manos del grupo Colina en 1992. El otro corresponde a la acusación por autorizar $ 800 mil dólares de fondos públicos a Augusto Miyagusuku, entonces presidente de la aseguradora Popular y Porvenir (PyP), para que compre dos terrenos agrícolas en el proyecto Chavimochic, en La Libertad.
En ambos casos, Fujimori está en calidad de acusado, por lo que están pendientes los juicios. Sin embargo, en el caso Pativilca, el 9 de febrero del 2018, el colegiado “A” de la Corte Penal Nacional declaró inaplicable el derecho de gracia y dispuso continuar el juicio público. Esta resolución judicial no fue incluida en el hábeas corpus ahora resuelto por el TC, por lo que seguiría vigente. Además, los argumentos utilizados por los jueces fueron diferentes a los de la Sala Penal Especial Suprema que anuló el indulto.
Este fallo crea un precedente, pues los familiares de las víctimas y sus abogados de los casos pendientes (Chavimochic y el de las esterilizaciones forzadas) podrían pedir que los jueces tomen la misma decisión, vía control constitucional. Ello permitiría que estos juicios continúen y también se impongan las penas a Alberto Fujimori.
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