Luego de que el Tribunal Constitucional peruano declarara fundado el hábeas corpus que restableció los efectos del indulto del expresidente Alberto Fujimori, otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en 2017, integrantes de la organización de derechos humanos no gubernamental Human Rights Watch criticaron el fallo al considerar que la gracia presidencial que se dio al exmandatario podría ser parte de un fraude.
“No me opongo a indultos humanitarios para enfermos terminales graves, incluyendo condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero el beneficio no puede basarse en un fraude. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe intervenir nuevamente y verificar si la liberación se justifica y si se respetó su fallo”, expresó en su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El mensaje fue compartido por el presidente del Consejo de Ministros peruano, Aníbal Torres, quien además calificó el fallo del TC como un “tremendo error”.
En tanto, Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que su organización se encuentra “monitoreando los esfuerzos por liberar a Fujimori, a través de un habeas corpus”.
“El Tribunal Constitucional del Perú debe respetar el debido proceso, los derechos de las víctimas y los estándares señalados por la Corte IDH en la decisión ‘La Cantuta’ sobre el ‘indulto humanitario’”, expresó.
Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia el 7 de abril del 2009, al encontrarlo como ser autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato, lesiones graves y secuestro. Fujimori habría cumplido su condena en 2032.
INDULTO CUESTIONADO
Cabe señalar que el indulto otorgado a Alberto Fujimori en diciembre en 2017 es objeto de varios cuestionamientos, ya que se presume que habría sido parte de una negociación entre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien en ese momento enfrentaba una moción de vacancia presidencial en el Congreso, y un grupo de congresistas fujimoristas liderados por Kenji Fujimori (hijo de Alberto Fujimori) para votar en contra de la vacancia de PPK.
Además, en marzo de 2018, otro grupo de parlamentarios de Fuerza Popular, que respaldaba a Keiko Fujimori (hija de Alberto Fujimori y candidata que perdió contra PPK en las elecciones de 2016), hizo público unos videos en donde quedaba registrado la presunta negociación entre Kenji Fujimori y congresistas de su bancada para que voten en contra de la vacancia de Kuczynski a cambio de dádivas.
Ese mismo mes, PPK renunció a la presidencia ante nueva moción de vacancia de la cual difícilmente se salvaría y tras la revelación de los videos.
PODRÍA REGRESAR A PRISIÓN
Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta, anunció que acudirían, una vez más, a la Corte IDH para buscar justicia y que Fujimori vuelva a prisión.
Rivera consideró que el fallo de la Corte IDH podría tardar menos que el emitido en mayo de 2018, cuando ordenó que el Estado peruano revise la legalidad del indulto concedido a Fujimori en 2017, lo que hizo que el expresidente vuelva a prisión en octubre de 2018.
El abogado estimó que, en este caso, la Corte IDH podría emitir un nuevo fallo en tres meses. “En el fallo anterior la Corte se demoró cinco meses (...) Tratándose de una materia sobre la cual la Corte ya ha resuelto, los plazos van a ser más cortos”, dijo a un canal local.
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