Marchas de noviembre 2020: Tribunal de Transparencia ordenó a la Policía entregar informes de inteligencia

La orden surge luego del pedido de información del periodista Ernesto Cabral. El plazo para entregar los documentos vence hoy, 17 de marzo.

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Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia ordenó al Ministerio del Interior que entregue informes de inteligencia de la Policía. | Foto: Composición (Infobae)
Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia ordenó al Ministerio del Interior que entregue informes de inteligencia de la Policía. | Foto: Composición (Infobae)

A más de un año de las protestas ocurridas en el mes de noviembre de 2020, en contra de la presidencia de Manuel Merino, el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) atendió el pedido de información del periodista Ernesto Cabral, y ha solicitado al Ministerio del Interior (Mininter) que entregue los informes de inteligencia de la Policía. El plazo vence hoy, 17 de marzo.

Mediante un hilo de Twitter, el periodista explicó que hizo un pedido de información al Mininter, donde está incluida la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se le haga conocimiento de los informes que mencionaba la Fiscalía en su denuncia constitucional contra Merino. En este caso, se lo negaron.

“Bajo la Ley de Transparencia, solicité al (Ministerio del Interior) los reportes de inteligencia de DIGIMIN y DIRIN de la Policía, durante las marchas de noviembre del 2020. La entidad negó la información alegando que es ‘secreta’, expresó Cabral en un tuit.

Se recuerda que la denuncia de la fiscalía tiene como punto clave que Merino omitió “ejercer la posición de dominio que tenían sobre las fuerzas públicas de control policial, lo que ocasionó la muerte y lesiones de los ciudadanos que participaron en dichas movilizaciones”, según se lee en el aviso de sustentación del caso.

Según el fragmento del documento, compartido por Cabral, el Ministerio Público también argumenta que Manuel Merino y los demás implicados sabían del “riesgo de escalamiento” de la violencia. Esto porque habrían recibido algunos reportes de inteligencia de fuerzas del orden, como la PNP. Razón de ello, solicitó la información - bajo la Ley de Transparencia, que hace posible que los ciudadanos soliciten información a entidades públicas.

Cabral luego menciona que, al recibir la respuesta negativa de la PNP, apeló al Tribunal de Transparencia, perteneciente al Minjus. “Mi principal argumento es que la Ley dice: ‘no se considerará como información clasificada la relacionada a la violación de derechos humanos’. La (Fiscalía) investiga la represión como una violación a los DD.HH.”, señaló.

Días después, este tribunal falló en su favor y ordenó al Ministerio Público que entregue los reportes de inteligencia, en un plazo de siete días hábiles. En caso contrario, recibirían una denuncia de la Fiscalía. El plazo para entregar estos documentos vence este 17 de marzo.

Sin embargo, el 16 de marzo, la Dirección General de Inteligencia del Miniter le informó a Cabral señalando que su pedido “podría sentar un precedente [...] que atentaría contra la naturaleza de las actividades de inteligencia” y tendrá que esperar la opinión de la Dirección Nacional de Inteligencia “para cumplir con la orden del Tribunal”.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA MANUEL MERINO, ÁNTERO FLORES-ARÁOZ Y GASTÓN RODRÍGUEZ

El 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, presidente por cinco días; el extitular del gabinete ministerial, Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones de 78 personas en las movilizaciones de noviembre del 2020.

El despacho fiscal imputó a Merino y sus exministros la presunta comisión, en la modalidad de omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual.

En la denuncia fue presentada ante el Congreso de la República, donde la Fiscalía de la Nación señaló que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones mencionadas.

Asimismo, se consideró que no adoptaron medidas para controlar el uso de la fuerza policial, que terminó siendo desproporcionada. Dicha omisión se dio, según la Fiscalía, pese a contarse con información oficial referida a la intensificación de esas acciones.

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