Este martes, el juez Víctor Zúñiga Urday ordenó 30 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de lavado de activos, fraude procesal y falsa declaración por presunto financiamiento ilícito en su campaña electoral del 2016.
La medida también fue tomada contra Alfonso Grados Carraro, Carlos Portocarrero Mendoza (exsecretario de personería jurídica del partido Peruanos por el Kambio), José Labán Ghiorzo (extesorero) y Carlos Prialé Marquina. Todos son investigados por el delito de lavado de activos y otros, por supuestas irregularidades en aportes a la campaña del partido que llevó a la presidencia a PPK en 2016, aunque no concluyó su periodo de mandato.
El juez Zúñiga consideró que “existe peligro procesal determinado por la gravedad de la pena que se espera en este proceso, la magnitud del daño causado y especificamente hay cierto peligro de obstaculización”.
El Poder Judicial también dictó restricciones adicionales contra PPK y los demás investigados como: no ausentarse del lugar de domicilio; no comunicarse, directa o indirectamente, con testigos, peritos o coinvestigados; presentarse puntualmente al despacho fiscal o al Juzgado de Investigación Preparatoria cuando sea requerido; y rendir cuentas de las actividades al Juzgado el primer día hábil de cada mes.
TESIS DE LA FISCALÍA
De acuerdo a la tesis fiscal, el exmandatario habría recibido antes de la segunda vuelta presidencial de 2016, unos 100 mil dólares de la empresa Construcción y Administración S.A, que no fueron registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Además, la fiscalía indica que en Peruanos Por el Kambio se estructuró un esquema de falsos aportantes y de recepción de dinero en efectivo destinado a evitar que se identifique la procedencia de este.
Según la tesis del Ministerio Público, la empresa Construcción y Administración S.A. se encontraría vinculada al denominado ‘Club de la Construcción’, grupo de empresas de dicho sector que usaba su dinero e influencia para obtener licitaciones en el Estado.
LAVA JATO
PPK es el cuarto expresidente peruano involucrado en el escándalo de corrupción Lava Jato. En el 2019, un año después de que el exmandatario renunciara a la presidencia, el equipo del fiscal Pérez allanó cuatro inmuebles ubicados en Chorrillos, Miraflores y San Isidro, todos estos vinculados con el expresidente. Cabe precisar que fueron los supuestos vínculos con la cuestionada empresa Odebrecht uno de los principales motivos de su salida del máximo cargo del gobierno peruano.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, se adjudicó a Odebrecht los tramos 2 y 3 de la famosa carretera interoceánica, pero esto sucedió después de que el jefe de la constructora en el Perú, Jorge Barata, prometiera la entrega de US$35 millones en sobornos para el exmandatario, según una publicación de Ojo Público.
La teoría fiscal asegura que PPK impulsó “la adecuación del marco normativo para favorecer” a la empresa brasileña. Esto, según el mencionado informe periodístico, se realizó con objeto de que luego Odebrecht pueda favorecer económicamente a los intereses privados del imputado. Kuczynski habría intervenido en las normas legales que permitieron que la construcción de la carretera “evadiera controles posteriores” y fuera declarada de “interés nacional” junto con el Proyecto Olmos.
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