Este miércoles 16 de marzo, justo después de la interpelación al ministro de Salud, Hernán Condori, se llevó a cabo la interpelación del ministro de Justicia (Minjus), Ángel Yldefonso. Luego de su primera exposición, donde respondió a las preguntas del pliego interpelatorio, y las intervenciones de los congresistas; el ministro fue consultado por la destitución del exprocurador General del Estado. En respuesta, hizo mención de un informe de la Contraloría.
El ministro recalcó que retirar a Daniel Soria Luján del cargo no fue una decisión arbitraria de su despacho. Así, mencionó que la Contraloría emitió un informe, elaborado por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que buscaba evaluar el proceso de designación del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján.
“No nos olvidemos que la Contraloría ha emitido un informe por el cual el entonces Procurador General del Estado, Daniel Soria (...) no tiene la trayectoria en defensa jurídica del Estado; cosa que sí lo tiene la actual procuradora”, dijo ante el pleno del Congreso de la República.
El ministro recalcó que dicho informe es de conocimiento público.
Se recuerda que Daniel Soria Luján, exprocurador general del Estado, fue removido de su cargo el 2 de febrero a través de una resolución suprema firmada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres. La medida se dio luego de conocerse el resultado del informe que mencionó Yldefonso. Sin embargo, este hecho estuvo lleno de controversia; ya que en ocasiones pasadas la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, había negado que se pensara remover a Soria de la Procuraduría.
Todo esto se dio luego que Soria Luján enviara un pedido a Palacio de Gobierno para que se brinde una lista de las personas que habrían visitado la vivienda en Breña, donde el mandatario habría sostenido reuniones secretas. Poco después, Soria señaló que no se había cumplido con el pedidoy reiteró la solicitud.
¿QUÉ DECÍA EL INFORME?
INFORME DE CONTRALORÍA
El informe emitido por la Contraloría, según se lee en el mismo, buscaba evaluar el proceso de designación del entonces procurador general del Estado, Daniel Soria Luján. Durante la investigación y la revisión de documentos, se determinó que Soria incluyó como experiencia profesional, para sustentar su nombramiento, su puesto como asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, la OCI estableció que dicha labor “no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, requisito planteado por la normativa de la Procuraduría General del Estado, donde se señala que el procurador general requiere tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado” específicamente. De esta forma, señalaron que no cumplía con los requisitos de experiencia laboral.
“La Constitución Política del Estado establece que: “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. (…), por lo que, de la revisión de los documentos que sustentan su currículum vitae, respecto de la experiencia laboral del señor Daniel Soria Luján, se han determinado que no ha ejercido labores en el sistema de defensa judicial del estado. En consecuencia, carecía de trayectoria en la defensa jurídica del Estado, requisito necesario para ocupar el cargo de Procurador General del Estado”, se lee en el documento.
A modo de conclusión, en el informe se señala que se encontraron indicios de irregularidad en el proceso de su designación y se recomendaba que las autoridades correspondientes tomen acciones al respecto. Además, se brindaron días hábiles para que el titular del Minjus comunique el plan de acción.
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