Mario Carhuapoma solicitó beneficios que no corresponden a su nuevo cargo en EsSalud

El ahora vicepresidente del Consejo Directivo del seguro social pidió dos asesores, una secretaria, un asistente administrativo, una movilidad, un chofer, combustible y más.

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Mario Carhuapoma, expresidente ejecutivo de EsSalud. | Foto: Agencia Andina
Mario Carhuapoma, expresidente ejecutivo de EsSalud. | Foto: Agencia Andina

Mario Carhuapoma, el cuestionado expresidente ejecutivo de EsSalud, fue nombrado vicepresidente del Consejo Directivo del seguro social dos días después de dejar su anterior cargo y, según un informe del portal Sudaca, solicitó de inmediato dos asesores, una secretaria, un asistente administrativo, una movilidad, un chofer, combustible y más. Tales pedidos no corresponderían a su nuevo cargo. Además, como vicepresidente, podría volver a estar al mando de esa entidad de Salud si se dan algunas circunstancias.

Cabe indicar que Carhuapoma dejó el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud el pasado 11 de enero. Sin embargo, la Resolución Suprema N° 002-2022-TR publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano dispuso que Mario Carhuapoma se mantenga únicamente como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

El 13 de enero, la publicación periodística advierte que Carhuapoma fue elegido vicepresidente de dicho Consejo. Luego, el 19 de enero, en una carta dirigida al nuevo presidente del seguro social, Gino Dávila, Carhuapoma solicitó dos asesores, una secretaria, un asistente administrativo, impresoras, anexos, equipos de cómputo, conexión a Internet, una movilidad, un chofer y asignación de combustible.

PEDIDOS DE CARHUAPOMA NO CORRESPONDEN

Sudaca indica que varios de los pedidos hechos por Carhuapoma no corresponden en su nuevo rol. Tal como se lo hizo saber el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), organismo de EsSalud que rechazó los pedidos el 21 de febrero.

Según lo indicado por el Fonafe, solo le correspondía tener una secretaria y un asesor experto en temas de seguridad social y afines.

El citado encargo [ser vicepresidente] no implica ningún tipo de función administrativa que autorice a otorgar beneficios adicionales al cargo por sí mismo, indica el documento, el cual también le sugiere que podría “solicitar que se acuerde otorgar dichos beneficios a todo el Consejo Directivo y que el citado acuerdo sea remitido a Fonafe para su aprobación”.

En tanto, Vicente Castro, representante ante el Consejo Directivo de los asegurados que trabajan en el sector privado, reclamó por los pedidos de Carhuapoma: Los que desempeñamos estos cargos sabemos lo que está normado, no podemos ir más allá. Él está solicitando algo a nombre propio. Su cargo es [ser] un reemplazo del presidente ejecutivo. Cuando pase [cuando reemplace a Gino Dávila], ahí tendrá todos los implementos que ahora solicita”.

El Consejo Directivo tiene dos sesiones ordinarias al mes, a las que asisten sus nueve miembros. Por cada reunión, los consejeros reciben una dieta de S/3.000.

PODRÍA SER PRESIDENTE DE ESSALUD

Cabe señalar que, en su calidad de vicepresidente del Consejo, Carhuapoma puede reemplazar a Dávila en la presidencia ejecutiva de EsSalud por ausencia o impedimento. Algo que podría ocurrir si se revela que Dávila es funcionario en alguna entidad que contrate con el seguro social o si es condenado por delitos dolosos.

El medio Sudaca recuerda que “un informe publicado el 29 de diciembre del 2021 por el Órgano de Control Institucional de EsSalud de la Contraloría determinó que Gino Dávila y otros seis funcionarios eran responsables penalmente por la compra irregular de lentes de seguridad que tenían certificación falsa”. La adquisición se dio cuando Dávila era gerente de Operaciones Territoriales de la Gerencia Central del Seguro Social. Además, se recomienda a la Procuraduría de la entidad dar “inicio a las acciones legales”.

Por su parte Mario Carhuapoma estaba siendo investigado por el Ministerio Público, a pedido de la Procuraduría Anticorrupción, por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

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