‘Gabinete en la sombra’ de Pedro Castillo: quiénes son y por qué los investiga la Fiscalía

Los asesores y funcionarios han sido acusados de haber creado una organización criminal en Palacio de Gobierno.

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Exfuncionarios han señalado que los asesores del presidente de Perú, Pedro Castillo, estarían detrás de muchas de las primeras decisiones del mandatario. | Foto: EFE/ Paolo Aguilar
Exfuncionarios han señalado que los asesores del presidente de Perú, Pedro Castillo, estarían detrás de muchas de las primeras decisiones del mandatario. | Foto: EFE/ Paolo Aguilar

El caso de un presunto Gabinete en la sombra en el gobierno de Pedro Castillo está ocupando todas las miras de la política peruana. Esto refiere a los asesores del presidente de la República, quienes habrían estado tomando decisiones sobre el futuro del país, bajo la figura del mandatario.

El 10 de marzo se informó que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada había abierto una investigación preliminar por 60 días en contra de los asesores del Presidente y trabajadores de Palacio de Gobierno. A estos se los denominó como el Gabinete en la sombra.

¿QUIÉNES SON?

Según el documento fiscal, Biberto Benerardo Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía son los funcionarios investigados por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno.

También se está investigando a los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.

¿DE QUÉ SE LES ACUSA?

Esta pesquisa tiene inicio por las pasadas declaraciones de la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien pidió al mandatario que reconsidere su entorno cercano y que un grupo de asesores serían los responsables de que haya cometido “errores” en sus primeros seis meses como Presidente.

Tiene un equipo de asesores, además, se lo dije abiertamente, que él debería reconsiderar el tema de quién es el entorno más cercano porque han visto que varias veces se cometen muchos errores en el gobierno. Sí siento que es la responsabilidad de quien a él lo asesora. Tiene un conjunto de personas que estos últimos días han provocado una crisis innecesaria de gobernabilidad. Están acusándose unos a otros y eso me preocupa”, dijo en una entrevista con RPP, el 1 de marzo.

Además, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, también advirtió que muchas de las decisiones tomadas por el mandatario se hacían bajo la influencia de “algunos asesores y funcionarios designados cual gabinete en la sombra”.

“Una gran decepción por un manejo bastante informal, pero sobre todo fuera de la ley. O sea, sin respeto de las normas administrativas. Y que eso permite que se hagan espacios donde lleguen, o puedan llegar, la corrupción, el tráfico de influencias y la usurpación de funciones. Pero también esto lleva a que la agenda país no se cumpla, lo cual lleva a un tema de desgobierno e inestabilidad”, sostuvo en una entrevista con El Comercio.

Asimismo, el exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, ya había señalado que el asesor Biberto Castillo fue quien gestionó “insistentemente” la designación de Daniel Salaverry como presidente de directorio de Petro-Perú.

¿QUIÉNES DECLARARÁN EN EL CASO?

La investigación preliminar se ha abierto por un total de 60 días, pero la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada informó que podría ampliarse por unos 36 meses más. Esto en caso se considere un caso de presunto crimen organizado.

De esta forma, la Fiscalía ha convocado a declarar en este caso a una gran cantidad de exfuncionarios que han trabajado o concurrido Palacio de Gobierno: la expresidenta de la PCM, Mirtha Vásquez; al exministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles Toro; al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico; al exministro del Interior, Avelino Guillén; y al exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

También se ha dispuesto recabar los antecedentes penales, judiciales y policiales de los investigados. Además, se ordenó oficiar a la Oficina de Recursos Humanos de la Presidencia de la República del Perú para que remitan todos los legajos laborales de los investigados.

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