10 mil 522 mujeres han sido víctimas de violencia en lo que va del 2022, afirma jueza Janet Tello

Jueza Janet Tello, alertó sobre esta alarmante situación en la que pone a la mujer en situación vulnerable frente a los casos de violencia.

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Fotografía de archivo del movimiento Ni Una Menos mientras se manifiesta frente al Palacio de Tribunales para exigir medidas contra la violencia machista y los feminicidios, en Buenos Aires, Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía de archivo del movimiento Ni Una Menos mientras se manifiesta frente al Palacio de Tribunales para exigir medidas contra la violencia machista y los feminicidios, en Buenos Aires, Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Una cifra alarmante dio a conocer la jueza suprema Janet Tello Gilardi durante el seminario ‘Derechos de la Mujer y Acceso a la Justicia’. Solo en lo que va del año 10,522 mujeres, han denunciado ser víctimas de violencia en diversas maneras.

La magistrada dijo también que en 2021 hubo 22,456 mujeres víctimas de violencia sexual, de las cuales 14,507 fueron niñas y adolescentes.

Además, de acuerdo con cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, en 2021 un total de 1,699 niñas de 12 a 17 años se convirtieron en madres, entre ellas 584 menores de 14 años.

Cabe mencionar que el seminario fue organizado por la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, con la colaboración de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas (APMJ) y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem).

Como otro punto de exposición, Tello Gilardi informó que la maternidad impuesta o forzada por motivos de violación sexual contra mujeres, niñas o adolescentes es un crimen contra la humanidad, según lo establece la Corte Penal Internacional en su estatuto sobre crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

La magistrada observó que, en el Perú, muchas víctimas de violación sexual han perdido la vida por aplicarse abortos clandestinos, “debido a que son forzadas a llevar una maternidad hasta el final”.

Ante esta realidad, lamentó que la ciudadanía y muchas juezas del sistema no entiendan que una violación sexual, además de poner en riesgo la vida de las mujeres, afecta su salud para siempre, así como su integridad y dignidad.

“Las Naciones Unidas, en innumerables informes y reportes de sus comités monitores de los pactos, ha considerado que la violación sexual es una forma de tortura”, enfatizó la jueza suprema.

Tello Gilardi remarcó, además, que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, aunque no aparezcan especificados de esa forma en la Constitución Política.

Fotografía de archivo de una mujer mientras muestra un cartel durante una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
Fotografía de archivo de una mujer mientras muestra un cartel durante una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

“Si los asociamos a derechos fundamentales como a la vida y dignidad, integridad y seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad, libertad, no violencia, así como a igualdad y no discriminación, estableceremos de forma categórica que sí lo son, porque son parte intrínseca de cada uno de ellos”, agregó.

Por otra parte, al referirse a las mujeres víctimas de violencia basada género, la oficial de Programas de Planned Parenthood Global (PPGlobal), Reina Uzcátegui Oviol, señaló que, en lo que va del año ya hay 70 feminicidios.

Agregó que, en un informe preliminar sobre el Perú, de febrero pasado, la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por el alto nivel de la violencia basada en género, el cual ha sido exacerbado por la pandemia.

Sostuvo que, aunque hay muchos avances normativos sobre acceso a la justicia, existen barreras estructurales y prácticas que persisten como estereotipos discriminatorios, limitado conocimiento de los integrantes del sistema de justicia sobre derechos de las mujeres, así como sesgos y falta de rendición de cuentas para asegurar procedimientos con enfoque de género. (Con información de Andina)

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