El ‘Caso Perseo’ es un operativo realizado en el Lima y regiones por la Policía y las Fuerzas Armadas, uno de los procesos judiciales más emblemáticos contra el terrorismo realizado en el año 2014, donde mediante investigaciones del Ministerio Público que había iniciado contra los cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) y los integrantes de su denominado brazo legal, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).
Después de ocho años, el juicio oral contra la cúpula de Sendero Luminoso está por retomarse, pero sin el sanguinario líder terrorista Abimael Guzmán, quien falleció en el penal de la Base Naval del Callao el 11 de setiembre del año 2021.
Ahora serán un total de 41 personas acusadas que se sentarán nuevamente en el banquillo de los acusados, luego de un largo y complicado proceso que hizo retrasar este juicio, debido a, inicialmente por la carga procesal, el alto número de implicados y posteriormente, por la pandemia.
Los implicados de la cúpula terrorista son Elena Yparraguirre; Osmán Morote -en libertad-; Florindo Eleuterio Flores Hala “Artemio”; y María Pantoja Sánchez; así como a Margot Liendo Gil y Victoria Trujillo Agurto como autores del delito de terrorismo, en la modalidad de dirigentes de organización terrorista.
A su vez, los miembros del Movadef: el abogado Alfredo Crespo, Fernando Olórtegui Crispín, Oswaldo Esquivel Caicho, Juan Ríos Fernández y otros.
Mientras que Atilio Cahuana Yuyali, Zulma Peña Melgarejo, Carlos Gamero Quispe, Ángel Humala Lema, Alberto Mego Márquez y otros han sido acusados en calidad de integrantes de la organización terrorista de SL.
El Ministerio Público ha solicitado penas entre 20 años de cárcel y cadena perpetua y el pago por reparación civil a favor del Estado de S/ 2 millones 500 mil. Esto tras hacer una acusación por terrorismo y filiación a una organización terrorista.
El Caso Perseo representa el intento de SL “para infiltrarse en la política y lograr un manto de legalidad para la participación y aplicación de sus ideas contrarias a la legalidad”, esto según el diario El Comercio.
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), realizado en agosto del año 2003, concluyó que el grupo terrorista asesinó a 11 mil 21 personas y dejó como desaparecidos a otras 1,543. Cabe destacar que este informe analizó también los años 1980 y 2000.
ACUSACIÓN FISCAL
En esta imputación, el Ministerio Público acusó a los procesados de haber contribuido a la creación, operación y financiamiento de las actividades del Movadef.
Ello, según la fiscalía, porque dicho movimiento “no vendría a ser más que el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso que buscaba legalizarse”.
Algunas fuentes participativas en este caso sostienen que, tal como se formuló en la acusación de diciembre del 2017, esta vinculación ha quedado evidenciada por varios aspectos. Además, trabajaron de la mano con la inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote) para la obtención de diversa documentación incautada y conversaciones telefónicas interceptadas entre integrantes del Movadef y cabecillas de la SL.
“La cúpula senderista dirigida por el propio Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso ha ideado la formación de este frente, subvencionado con dinero obtenido producto del cobro de cupos al narcotráfico en la zona del Huallaga (recaudado por Florindo Eleuterio Flores Hala –camarada Artemio-)”, se indica en la imputación fiscal.
¿CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS?
En primer lugar, es importante resaltar qué es el Movadef. Fue fundado por Manuel Fajardo, quien falleció en junio del 2018, junto a Alfredo Crespo y otros que hoy son acusados por la fiscalía.
Según la fiscalía la conformación de dicho movimiento respondía a la orden del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, quien continuó emitiendo directivas a los terroristas en prisión y en libertad, tras su captura en setiembre de 1992.
La acusación fiscal señalaba que Guzmán iniciaba en ese momento la denominada “IV etapa” de SL destinada a buscar la “reconstitución” de su organización terrorista.
“Con el propósito de que este movimiento (Movadef) sea el que dirija el ‘frente’ de Sendero Luminoso, guiándose por los cinco puntos coyunturales de política fundamental de la organización terrorista que tenía entres sus objetivos una ‘solución política’”, se explica.
Esta solución pasa por cuadros terroristas condenados a cadena perpetus que, además de Abimael Guzmán, se encuentra su esposa Elena Yparraguirre y ‘Artemio’ (capturado en 2012); a quienes denominan “presos políticos”.
SUS INTENTOS DE ENTRAR A LA POLÍTICA
El Movadef realizó varios intentos por entrar a la política en el Perú, pero el primero fue el 29 de marzo del 2011, cuando el personero legal Carlos Alfonso Gamero Quispe, solicitó su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La acusación fiscal explica que dicha acción habría sido ordenada por el terrorista Abimael Guzmán.
Sin embargo, a fines de ese año el JNE rechazó la inscripción política del brazo legal de SL, esto debido a que en su ideario se resaltaba el “carácter violento” del “pensamiento Gonzalo” y este coincidía “con aquel que también sirvió de guía para el Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso”.
Según las pesquisas, los abogados Crespo y Fajardo, junto con Gamero acudieron ante los cabecillas de la organización terrorista presos en penales de la capital.
Estas declaraciones del JNE se reafirman en los audios interceptados judicialmente por la Policía Nacional como parte de las investigaciones que se realizó.
Una de las conversaciones fue difundida por el entonces programa Frecuencia Latina el 30 de noviembre del 2001, en medio de una condena terrorista a Victoria Obdulia Trujillo, presa en ese momento en el Penal de Mujeres de Chorrillos donde cumplió 20 años de cárcel por terrorismo y salió en libertad en marzo del 2018, y el procesado Alfredo Crespo, quien le informa sobre la notificación del JNE que rechazaba la inscripción política del Movadef. Y, le indica que iría a visitar a “la profesora” en alusión a Elena Yparraguirre.
“Hemos tratado este asunto y nos hemos reunido anoche, ya hoy día también nos vamos a reunir al mediodía…por favor le dice a la profesora que vamos a estar ahí (el penal) a las nueve y media para conversar con ella sobe esto”, se leía en la conversación de Crespo.
La acusada Trujillo también le indica que era “urgente” que le lleve la resolución a Guzmán Reinoso. “Es urgente e imprescindible que vaya con el doctor Fajardo hoy día a visitar al ‘Doctor’ y que por favor le lleven la resolución”.
Según el informes del Inpe Nro.0009-2013-INPE-EPAMCH y Nro. 472-2013-INPE/ST-Cerec el 2 de diciembre del 2011 los acusados Crespo, Fajardo y Gamero se entrevistaron con los cabecillas Elena Yparraguirre y Abimael Guzmán, en sus respectivos penales.
Debido a todas las pruebas destacadas, se acredita la acusación, así lo señaló la fiscalía.
“Haber ordenado y dirigido, conjuntamente con su co-procesada Elena Albertina Yparraguirre Revoredo, la inscripción del Movadef como partido político ante el Registro De Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones; siendo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso quien corrigió a manuscrito el escrito de apelación que proyectaron los abogados y co-procesados Manuel Augusto Fajardo Cravero, Alfredo Víctor Crespo Bragayrac y Carlos Alfonso Gamero Quispe, quienes eran los encargados de realizar las gestiones correspondientes para la inscripción”, indica la acusación.
Testigos y colaboradores eficaces declararon, durante la investigación, que entre el 2007 y 2008, Manuel Fajardo, Alfredo Crespo y Carlos Gamero se habrían entrevistado con el terrorista “Artemio” -en ese momento a cargo del accionar terrorista de SL en el Huallaga hasta su captura- a quien le pidieron apoyar al movimiento.
Según las pesquisas, “Artemio” les habría entregado S/ 100 mil y habría ayudado en la recolección de firmas para los planillones con los que buscaban la inscripción del Movadef como partido político.
INVESTIGACIONES SIGUEN EN PIE
Luego de todo el trabajo de investigación que realizó la Fiscalía y de la Dircote, en abril del 2014, el Poder Judicial ordenó la detención de una treintena de integrantes del Movadef. En total 28 personas fueron capturadas en el operativo.
La diligencia se realizó en simultáneo contra SL, cúpula que se encuentra presa en diversos penales, también con los implicados en libertad y se halló documentación como el “Plan de construcción del partido”, donde se señala la realización de tareas en los seis planos (dirección, orgánico, ideológico, político, lucha de dos líneas y de masas); “siendo este un documento estratégico de la organización terrorista Sendero Luminoso”.
Algunos implicados son Cindy Raymondi, quien ingirió el chip de su celular a fin de que la Policía no pueda revisar sus contactos y números a los que había llamado.
También se incautó el denominado “Plan Operativo táctico”, que según la acusación era una guía para la ejecución de una de las formas de lucha conocida como “agitación y propaganda con motivo del “Día internacional del preso político”.
Por ello, a fines del año 2014, más de 20 implicados en estos actos fueron liberados luego que el Poder Judicial rechazara su prisión preventiva. Poco tiempo después la Sala Superior liberó a todos los que hoy se encuentran acusados, incluyendo a Crespo, que fue detenido en el operativo.
El caso estuvo esperando ser analizado en el Poder Judicial debido a la carga procesal, por ello, en enero del 2018, el procurador antiterrorismo Milko Ruiz, solicitó que se designe un tribunal especial para el Caso Perseo debido a la cantidad de documentación y al número de acusados que son 42 en la actualidad.
Recién en mayo del 2018 que el Poder Judicial creó un tribunal para dedicarse de manera exclusiva al caso. El 21 de agosto del mismo año, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de inició las audiencias de control de acusación.
En setiembre del 2018, el PJ rechazó un recurso con el que los cabecillas de Sendero Luminoso e integrantes del Movadef buscaban ser apartados del caso o que su acusación se archive alegando una doble persecución por terrorismo.
Para diciembre del 2020 la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado concluyó que el Ministerio Público había cumplido con presentar una acusación “coherente y congruente”.
Por ello, resolvió que había mérito para pasar a juicio oral contra los acusados, el mismo que debía empezar en mayo del 2021. No obstante, el proceso fue suspendido sin haberse instalado debido a la pandemia. Eso cambiaría desde este jueves que el Poder Judicial tiene previsto la instalación del inicio de juicio oral contra lo que queda de la cúpula de la organización terrorista Sendero Luminoso y el Movadef.
La diligencia, prevista para las 10:00 de la mañana, está a cargo de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones presidida por la jueza superior Celinda Segura Salas, e integrada por Mercedes Pareja Centeno y William Lugo Villafana.
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