Feminicidios en Perú: ¿Qué han hecho las autoridades por las mujeres en riesgo?

Hoy es el Día Internacional de la Mujer, una fecha en donde se conmemora la lucha frente a la desigualdad y, sobre todo, a exigir justicia ante los feminicidios que suceden en el mundo. Perú no es la excepción, un país plagado de noticias en televisión y redes sociales sobre asesinatos o intentos del mismo a la mujer, que escapan de la racionalidad. En el 2021 ocurrieron 136 feminicidios en el Perú, cinco casos más que el total de asesinatos femeninos reportados en el 2020, año del inicio de la pandemia. En ese sentido, ¿cuáles son hasta ahora las medidas para combatirlo? ¿Han sido suficientes?

Hace unas semanas, el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU denunció que el Perú sufre aún muy altos niveles de violencia contra las mujeres y la discriminación que sufren las peruanas a la hora de acceder a la justicia, donde existe por ejemplo un sesgo de género “en casos de femicidio, acoso, o publicación de imágenes y vídeos de contenido sexual”.

Sin embargo, la preocupación no puede quedar de brazos cruzados ante las noticias diarias en donde aparecen crímenes que ponen en evidencia el peligro que tiene la mujer en una sociedad patriarcal peruana. Según el Índice de Ley y Orden (GLO) de Gallup 2019, Perú ocupa el puesto 121 dentro de un total de 142 países evaluados, de manera que se ubica dentro de los 10 más inseguros de todo el mundo.

MEDIDAS PARA COMBATIR EL FEMINICIDIO

Una de ellas es la Ley 31155, que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres en la vida política. También aparece la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ).

Silvia Romero, declaró a inicios de este año a Infobae Perú sobre este sistema permite combatir el feminicidio y la violencia contra la mujer. Además, mencionó que en el mes de julio del año pasado se aprobó la “Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026″, a cargo del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Esta Estrategia Nacional tiene por finalidad lograr la articulación de las instituciones que lo integran y brindar una respuesta inmediata e idónea a las víctimas, garantizando su acceso a la justicia y protección integral. Y ha definido objetivos e indicadores que le permitirán medir el avance de las instituciones integrantes, en la atención de los casos de feminicidio”, añadió Romero.

Sin embargo, queda en palabras las medidas ante las constantes noticias como lo ocurrido en Ancón la semana pasada en donde fue liberado por las autoridades judiciales, pese a que el ataque entraría dentro de la categoría de feminicidio.

“No es suficiente, ahí le hacemos un llamado al Estado, ya no solo al MIMP, porque las soluciones tienen que venir de manera integrada. Si es que el MIMP implanta una política de estado, pero la PNP no hace nada por encontrar a las desaparecidas o encontrar a los causantes de feminicidios no va a funcionar. Depende de que todos los organismos del estado funcionen de manera articulada”, sostuvo Andrea Pardo, miembro del área de comunicación de Manuela Ramos a Infobae Perú en enero de este año.

Han pasado dos meses de las medidas comentadas y todo parece que sigue igual, aun en proceso de reestructuración tras los primeros meses de la pandemia contra la COVID-19.

Por otro lado, también aparece en el Código Penal del Perú medidas para enfrentar el feminicidio. Están los artículos 108-B, donde la víctima es mujer al feminicidio las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (121-B) y las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar (122-B). Los tres están incluidos en el Decreto Legislativo N° 1323, publicado en Diario el Peruano.

¿SON SUFICIENTES ESTAS MEDIDAS?

No obstante, ¿estas medidas son funcionales en el país? En una entrevista en el 2020 para LexLatin, la abogada Marialexandra Perata Rivas Plata, añadió que la Policía Nacional del Perú necesita capacitación en materia de violencia familiar y no cuentan con los recursos para para desempeñar sus funciones de seguridad.

También hace falta ver el caso en cómo las autoridades toman enserio el tema del feminicidio e incluso el acoso sexual —que con la pandemia llegó a la virtualidad— de cara al presente año. En una entrevista a Revista Caretas, Jessenia Casani, socióloga de Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, enfatizó que hay poca conciencia en el enfoque de género a causa de “una misma práctica machista de superioridad en la violencia sexual que es persistente. Consideran que no hay violencia donde hay violencia”.

“Muestran prejuicios de prácticas machistas al no respetar los reglamentos. Esto afecta la salud mental de las agraviadas porque no tienen confianza de hacer denuncias. La labor estatal debe mejorar para una respuesta efectiva de cara al próximo Gobierno”, criticó en un contexto donde la revista realizó una denuncia de acoso sexual en abril del 2021.

La situación de las medidas para combatir feminicidios no solo está en manos de las autoridades jurídicas, policiales, también desde el Gobierno con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Si con Anahí Durand, declarada como feminista públicamente, se buscó un avance con “alerta mujer”, queda en manos de Diana Miloslavich Túpac —feminista, activista, y excoordinadora del Programa de Participación Política del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y actual titular del Mimp— en buscar romper las brechas de desigualdad y reducir los feminicidios en una coyuntura de incertidumbre.

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