Comenzó el juicio por las esterilizaciones forzadas: se citó a tres exministros de Salud, pero dos no asistieron

Los procesados, entre ellos el expresidente Alberto Fujimori, son investigados por la violación de derechos humanos entre 1996 y 1998.

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De izq. a der. María
De izq. a der. María Ysabel Cedano, Defensa legal DEMUS, una mujer que representa a las víctimas de esterilización, Victoria Vigo, víctima y sobreviviente de la esterilización forzada y Jennie Dador, Secretaria de CNDDHH, en una fotografía de archivo. EFE/STRINGER

Después de casi 20 años de espera comienza hoy, jueves 3 de marzo, el juicio por las esterilizaciones forzadas a más de 200 mil mujeres durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000) con las diligencias contra tres exministros de Salud. El ex jefe de Estado actualmente se encuentra en una clínica luego de sufrir un nuevo cuadro de fibrilación auricular, aunque se encuentra estable, contó su hija, la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.

Se enjuiciará a los extitulares de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aquinaga (congresista de Fuerza Popular). Según la agencia Efe, Yong Motta y el exasesor de la misma cartera, Ulises Jorge Aguilar, acudieron esta mañana para ofrecer sus declaraciones ante el juez Littman Ramírez Delgado.

Costa Bauer y Aguinaga no acudieron. El primero no justificó su ausencia mientras que el abogado del médico de cabecera de Alberto Fujimori presentó un escrito indicando que su cliente no asistiría por motivos labores.

Los tres exministros de Salud están siendo enjuiciados por las esterilizaciones forzadas que ocurrieron entre 1996 y 1998 en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar cuando se incrementó la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

Además son investigados como autores mediatos (con dominio del hecho) de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos. Y se considera que impulsaban dicha cirugía sin consentimiento de las víctimas como una práctica sistemática para disminuir la tasa de natalidad y reducir la pobreza.

Las diligencias de este caso se extenderán en un plazo no mayor de ocho meses donde se escucharán los relatos de más de 750 personas implicadas , tanto procesados como víctimas y familiares, cuyas declaraciones están programadas hasta al menos el 20 de julio.

Sin embargo, Alberto Fujimori aún no declarara porque su proceso penal para este caso se mantiene suspendido a la espera de que la Justicia de Chile acepte la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fue detenido en ese país, por lo que las víctimas han pedido que se aceleren los trámites para que el expresidente “sea condenado”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) también exigieron que se inicien los trámites para ampliar la extradición de Fujimori.

01/01/1970 Perú.- Las víctimas de
01/01/1970 Perú.- Las víctimas de esterilizaciones forzadas de Fujimori recibirán indemnizaciones. El Gobierno peruano ha promulgado una ley que incluye a las víctimas de esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), por lo que estas podrán ser indemnizadas. POLITICA CARLOS GARCIA GRANTHON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT

ALBERTO FUJIMORI SE ENCUENTRA EN UCI

Alberto Fujimori fue trasladado el último jueves a un hospital de Ate tras descompensarse y bajar el nivel de saturación. Luego fue llevado a la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Centenario, en Pueblo Libre, donde se mantiene estable.

“En estos momentos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intermedios, está siendo monitorizado, está pasando una serie de exámenes, está más estable; pero va a pasar exámenes adicionales”, dijo Keiko Fujimori sobre el estado de salud de su padre.

La excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular dijo que su familia estaba esperando la fecha del Tribunal Constitucional para que analice el hábeas corpus que presentó el abogado del expresidente, César Nakazaki, para lograr su libertad de prisión.

Y se mostró en contra de trasladar a su padre a un penal común porque existe una resolución judicial que establece que el penal que le corresponde a Alberto Fujimori es el de Barbadillo.

“Sin duda podría empeorar si es trasladado. Una de las condiciones que claramente señaló el personal médico y el INPE propiamente a la Sala Suprema que analizó la decisión a qué penal iba, era que el penal de Barbadillo cumplía con las condiciones básicas para poder atender en el caso de emergencia como este”, finalizó.

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