Petroperú rechaza denuncia de la Contraloría sobre supuestas amenazas a agentes de control

La empresa denunció que era la OCI la que estaba efectuando labores de amedrentamiento en contra de funcionarios y servidores de Petroperú.

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La Contraloría General de la
La Contraloría General de la República había denunciado que el gerente general de la empresa, Hugo Chávez, hostilizaba y amenazaba a los agentes de control. | Foto: Composició

A través de un comunicado, Petroperú rechazó las afirmaciones de la Contraloría General de la República que denunciaba hechos de hostilización y amenazas de parte del gerente general de la empresa, Hugo Chávez, contra quienes realizan las tareas de control a la empresa.

El comunicado menciona que Petroperu estaría desarrollando todas sus funciones “con seriedad y responsabilidad y dentro del marco de una Política Anticorrupción seria”.

“Con relación a las supuestas comunicaciones y amenazas realizadas al Jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), es preciso señalar que esta afirmación obedece a meras apreciaciones de carácter subjetivo, no sólo alejadas de la realidad, sino que deben ser tomadas con la prudencia requerida, debiéndose tomar las medidas correctivas correspondientes con el mencionado funcionario del OCI; en aras de mantener la cordialidad y el respeto que debe imperar en el contexto de las buenas relaciones institucionales de la Administración Pública”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, Petroperu denunció que es la OCI la que está llevando a cado “efectuando labores de amedrentamiento en contra de funcionarios y servidores de PETROPERÚ”. Con ello hace referencia a que sorprenden a los funcionarios con citaciones no programas con anticipación y no cumplen con el preciso del Debido Proceso de Control, ni les permiten hacer uso de su derecho de defensa.

Todo esto, afirman, estaría violando sus derechos y yendo en contra de la Ley General del Sistema Nacional de Control, la cual señala que los “requerimientos deben hacerse con conocimiento del Titular de la entidad o el responsable de Cumplimiento designado por éste”.

La empresa sostiene que han remitido toda la documentación que se les ha requerido “sin excepción”. Sin embargo, acusa a la OCI de solicitarla con plazos poco razonables y suele cuestionar las respuestas recibidas.

También señala que los dos abogados que la Contraloría señlaó en su denuncia ya han sido retirados de su equipo. Ellos pertenecerían a la Gerencia Corporativa de Cumplimiento de PETROPERÚ y “se encontraban destacados temporalmente al OCI”.

Luego, hacen referencia a las afirmaciones de que “mediante una llamada telefónica se habría reclamado de manera airada y amenazado al jefe del OCI y sus dependientes”. Señalan que esto es falto.

“(...) desde hace dos semanas el citado jefe ha sido invitado a los Comités de Gerencia a efectos que colabore de manera preventiva con los temas prioritarios que son tratados en la mencionada reunión”, se menciona.

INICIARON ACCIONES LEGALES

Por otro lado, el comunicado hace mención a que se están llevando a cabo una serie de acusaciones y denuncias que consideran calumniosas y difamatorias. Incluso afirman que estas estarían siendo dirigidas por “intereses de grupos económicos que van en contra de los intereses de todos los peruanos”.

De esta forma, Petroperu anunció que ha iniciado la toma de acciones legales contra duchas denuncias y las personas que las hacen. En el comunicado se menciona que informarán más al respecto pronto.

“Cabe destacar que PETROPERÚ, en una clara política de lucha contra la corrupción, ha detectado una serie de irregularidades de la anterior administración, las que no fueron advertidas en su momento por la Contraloría, por lo que se ha procedido a realizar las denuncias penales correspondientes”, afirman en el comunicado.

Así, el anuncio termina con la empresa reiterando su rechazo con las acusaciones hechas por la Contraloría, además de las veladas amenazas que expresan en su comunicación oficial.

Asimismo, reiteran su compromiso con el respeto de las instituciones del país y su lucha frontal contra la corrupción en el Perú. Esto “siempre acorde con los principios del debido procedimiento administrativo, fiscal y/o judicial”.

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