La denuncia de Ximena Pinto, quien señaló que el premier Aníbal Torres utilizaba la publicidad estatal con fines políticos, podría tener implicancias legales a nivel constitucional y penal. Así lo señaló Roberto Pereira, abogado penalista y especialista en libertades informativas.
Pereira calificó lo dicho por Pinto como violación de la libertad de expresión indirecta, ya que consta de una asignación discrecional de publicidad estatal para castigar o premiar a un medio por su línea editorial.
“Es una conducta violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13.3, y de la Constitución peruana, en su artículo 2.4. Esto puede generar al Perú responsabilidad internacional”, dijo a La república.
En cuanto a las implicancias penales, el abogado señaló que podría configurarse la figura de la malversación, que implica disponer o asignar recursos del Estado a finalidades diferentes a las destinadas previamente destinadas. “Acá aparentemente no se habría ejecutado, pero el código penal sanciona la tentativa”, añadió.
Pero también podría configurarse la figura de imputación delictiva es la colusión. Esto si se logra acreditar que entre el Gobierno y otros medios hay un acuerdo para favorecerlos con fondos a cambio de una cobertura noticiosa favorable.
IPYS EXIGE TRANSPARENCIA
Ipys también se pronunció sobre el caso. Dijo que la publicidad estatal debe ser asignada “con la mayor transparencia y en función de las necesidades informativas de la población, que deben ser satisfechas por el Estado”. Además, la institución señaló que resulta indispensable recurrir a los medios con llegada a las audiencias específicas.
“La denuncia de Pinto demostraría un propósito de malversar fondos públicos para asignarlos a medios afines al Gobierno, al mismo tiempo que se desinforma a la ciudadanía”, afirmaron.
ANÍBAL TORRES SE DEFIENDE
Tras conocerse de la denuncia, el 24 de febrero, Torres respondió a la denuncia pública. Dijo que él no trabaja contrario a la ley, y defendió sus acciones. A las afueras de Palacio de Gobierno, el premier declaró ante la prensa.
“Yo soy abogado, yo no actúo al margen de la ley”, señaló el primer ministro.
“Se iba a realizar en El Comercio y Canal 4 porque son los que tenían más rating. No puede haber monopolio, le dije también existen los otros medios y se tiene que seleccionar entre los otros medios, pero la publicidad estatal debe hacerse mayormente en los medios de comunicación del estado. Y también se deben considerar los medios de comunicación de las regiones y locales- Así lo hemos tratado en Consejo de Ministros”, explicó.
Torres recordó que el artículo 7 de la Ley 28874 señala que los medios públicos, como TV Perú o Radio Nacional, son los medios que tienen la prioridad en la publicidad estatal. También sostuvo que esta misma ley indica “tener como criterio central la contratación, la descentralización del gasto, respecto de medios de comunicación de alcance regional, departamental y local”.
¿QUIÉN ES XIMENA PINTO?
Ximena Pinto tiene amplia trayectoria en el Estado, ya que trabajó en el Ministerio de Justicia con el ahora premier Aníbal Torres. Cuando este fue nombrado premier, ella se hizo cargo de la Secretaría de Comunicación Social, la cual maneja un presupuesto de 18 millones de soles para publicidad. Según asegura la periodista, defendió la necesidad técnica de no excluir a El Comercio. Incluso pidió a los asesores del presidente Castillo que intercedieran para buscar una solución. De todos modos, Torres la despidió.
“Tengo 20 años trabajando en el Estado. No soy una improvisada. Aquí no se trata de cambiar las cosas y decir que uno quiere favorecer a un medio o a otro. Se trata de hacer lo que es técnicamente correcto. Nada justifica aceptar aquello que pueda traerte consecuencias legales o procesos administrativos. Me voy de la PCM muy decepcionada, pero con mi honradez intacta”, escribió en su cuenta de Twitter.
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