Congreso: Perú Democrático pide que se elija al nuevo Defensor del Pueblo

La bancada parlamentaria rechazó los comentarios de Walter Gutiérrez sobre el acontecer político.

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Las declaraciones de Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo ante la crisis política parece no gustarle a cierto sector del Congreso. El grupo parlamentario Perú Democrático, bancada que agrupa a varios disidentes de diferentes canteras políticas, ha publicado un comunicado en el que muestran su incomodidad ante los comentarios de la cabeza de la Defensoría del Pueblo.

Rechazamos enfáticamente la intromisión del señor Walter Gutiérrez Camacho, quien, de manera irresponsable y sistemática, continúa actuando como operador político en contra del señor presidente de la república. Hoy, mediando oficio nº 0049-2022-DP emitido por la Defensoría del Pueblo, vuelve a cuestionar los nombramientos del gabinete ministerial, cuya potestad, según artículo 122 de nuestra Constitución, le asiste al señor presidente”, se lee desde el inicio de la misiva.

El comunicado refiere a la publicación del 19 de febrero que expresa su preocupación por la presencia de Hernán Condori en el Ministerio de Salud dado que es una figura que ha sido criticada desde que asumió funciones. “Su experiencia profesional para el cargo ha sido cuestionada por el propio Colegio Médico del Perú”, se lee en el oficio. Además, cuestionó que desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo se han designado ministros que no han respetado “los estándares mínimos de idoneidad y el marco constitucional”.

Congreso: Perú Democrático pide que se elija al nuevo Defensor del Pueblo
Congreso: Perú Democrático pide que se elija al nuevo Defensor del Pueblo

Cabe precisar que uno de los integrantes de la bancada que cuestionan la publicación hecha por la Defensoría es Héctor Valer, presidente del Consejo de ministros que estuvo en el cargo menos de una semana luego de que la prensa difundiera las acusaciones por violencia física en su contra. Dicha revelación sumado a la falta de apoyo de miembros de su propio gabinete, fueron las causas que lo obligaron a dar un paso al costado para otorgar el puesto a Aníbal Torres.

PRONTA ELECCIÓN

En el comunicado publicado a través de sus redes sociales, Perú Democrático resaltó que, desde setiembre del año pasado, Walter Gutiérrez no debería ocupar el puesto que hoy ostenta dado que “feneció su mandato, con lo cual debería quedar relegado de cualquier tipo de actuación al frente de esta institución”, señala la misiva.

Frente a este panorama, el grupo parlamentario exigió a la representación nacional que se priorice la culminación del proceso de elección del Defensor del Pueblo, “esperando, en esta ocasión, idoneidad en el cargo y sin tintes políticos que perjudiquen la figura constitucional del Defensor del Pueblo”.

Tal como señala el comunicado, el periodo de cinco años designado para este cargo ya se cumplieron a inicios de setiembre último, por lo que el Congreso debe buscar a un nuevo ocupante a la cabeza de la Defensoría. Desde diversas bancadas se ha señalado la necesidad de priorizar la elección mencionada. Agrupaciones como Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular se han mostrado de acuerdo en la importancia de promover este procedimiento.

Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo. Foto: Andina
Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo. Foto: Andina

Durante los últimos días se ha revelado que la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas del OSCE publicó un dictamen en el que aparece el Defensor del Pueblo y Gaceta Jurídica, empresa de este y su hermana. “Hay indicios de la comisión de una infracción a la normativa de contrataciones del Estado –concluye–, (que) establece que contratar con el Estado a pesar de encontrarse impedido constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado”, señala el documento.

Según este dictamen del OSCE, el defensor y su hermana María Elena Gutiérrez “contarían con una participación tanto individual como conjunta superior al 30% de acciones de Gaceta Jurídica, y está impedido de contratar con el Estado a nivel nacional durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después de cesar”.

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