Iván Lanegra: “El Gobierno de Pedro Castillo tiene una concepción claramente patrimonialista”

En los últimos días, la tensión política llegó a un punto álgido. El detonante fue la reunión de un grupo de parlamentarios, revelado por el semanario Hildebrandt en sus Trece, que presuntamente discutían alguna salida para vacar al presidente Pedro Castillo. En respuesta, el Gobierno –por intermedio del primer ministro Aníbal Torres– acusó un presunto golpe de Estado en marcha.

En medio de este crispado escenario, Infobae entrevistó Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, quien señala que el presidente Castillo tiene una visión como patrimonialista del Estado y alerta que se debe poner mucha atención a la producción de normas que se hagan en el Congreso de la República debido a que se podrían en peligro políticas públicas que benefician a la población.

En los últimos días se habla más de vacancias, renuncias y cierre del Congreso. ¿Hay alguna salida democrática para esta inestabilidad política?

Desde el 2016 vivimos una situación muy similar en el que los conflictos de la coyuntura giran alrededor de la eventual destitución del presidente, así como también la disolución del Congreso. Palabras que terminaron concretándose en los hechos con la salida de tres presidentes y la disolución de un Parlamento. Segundo, esta situación no es el problema sino el síntoma de una política muy precaria que nos acompaña ya hace más de dos décadas. Desde, digamos, la desaparición o, más bien, el debilitamiento de los partidos en los años ochenta no hemos vuelto a recuperar un sistema que sea capaz de canalizar la política del país. Esta situación nos revela una precarización de la política. La debilidad de los partidos hace muy difícil llegar a salidas como usted pregunta. ¿Cómo se resolvería esto en una democracia con partidos sólidos? Los partidos se sentarían en la mesa a buscar salidas que sean acordes con las instituciones democráticas y resuelvan no los problemas de coyuntura sino los de fondo. Lamentablemente, tenemos una política muy atomizada y con intereses diversos que cruzan a las bancadas, las cuales muchas de ellas son precarias. Uno esperaría que eso no se dé para buscar alguna salida que esté más allá de los cambios que se realicen en el Gobierno o en el Congreso.

Este escenario de confrontación entre el Gobierno y el Congreso ya ha llegado a la opinión pública, donde ideas como el “que se vayan todos” y “nuevas elecciones generales” toman mucha fuerza.

Sí, nuevamente, ese es el síntoma del problema. Una pregunta es si la salida de las cabezas del gobierno y la disolución del Parlamento han modificado en algo los problemas que veníamos teniendo en el pasado reciente, pues la respuesta es que no. Es decir, esas decisiones no resuelven las crisis. Es una lección que, digamos, es muy evidente de lo que hemos visto en los últimos años. La salida, al plantearse un cambio en el gobierno, tendría que venir acompañado de una propuesta muy clara de cómo evitar que la crisis se ahonde.

¿Una reforma política?

Una reforma, pero también un acuerdo político. Imaginemos que el presidente Castillo renunciará mañana. No estoy hablando de una vacancia. Pongamos en el escenario que, después de una larga reflexión, el presidente renunciará. Ya, pero de ahí la pregunta salta: ¿ahora qué? ¿Cuáles son los acuerdos que los partidos están dispuestos a asumir para darle viabilidad al gobierno o qué caminos plantean para, digamos, darle estabilidad a un clima muy difícil de prever en sus consecuencias?. También debemos ponernos en el escenario que la vicepresidenta diga, bueno, no hay las condiciones y renuncia. Si se empieza a plantear el tema de cómo ir sacando a las personas, sin resolver los problemas de fondo, vamos a continuar con esta dinámica en la cual ya estamos seis años.

Además, esta situación dejaría un precedente negativo para futuros presidentes y congresos. Esa incapacidad para llegar a consensos sobre temas que abarcan la agenda pública.

Hay un riesgo que mencionó el constitucionalista Francisco Eguiguren. Él ha dicho que se pueden realizar reformas parciales o de forma en la Constitución, pero estos no deben responder simplemente a la coyuntura. Eguiguren mencionaba que a la Constitución la utilizan como la herramienta de la política del día a día, cuando más bien debería ser un marco más amplio con reglas que no solo se piensen para el momento actual sino para el futuro. Se pueden generar precedentes negativos no solo en la acción política, sino también en hacer cambios que solo responden a la coyuntura. Parece ser que el uso de la Constitución sirve como un arma política de la coyuntura. Eso es peligroso porque puede generar salidas que serían negativas para todos.

Usted señaló que hay un serio problema de capacidades y de integridad en el equipo que rodea al presidente Pedro Castillo. ¿Por qué persiste en el error de nombrar a funcionarios tan cuestionados como, por ejemplo, el ministro de Salud Hernán Condori?

Creo que, a estas alturas, tenemos bastante evidencia de la concepción que tiene el presidente sobre lo que significa gobernar. El presidente entiende que gobernar es, básicamente, repartir partes del poder que tiene. Es decir, sectores o responsabilidades del gobierno entre los distintos grupos que, por distintas razones, lo rodean o le son actores a los cuales tiene cerca. Entonces, estos actores son cercanos por razones familiares y amicales, por haberle brindado algún tipo de apoyo durante la campaña, porque son aliados políticos que no necesarios en la coyuntura, o porque son del partido que le sirvió de plataforma para postular. Lo que hay es, básicamente, una distribución como parcelas entre estos diferentes grupos en el Ejecutivo. Y pareciera ser que la función [de Castillo] es tratar de ir conciliando las presiones que recibe para evitar conflictos como ha ocurrido con la conformación de este último gabinete, que busca evitar la vacancia por incapacidad moral permanente. Responde a intereses particulares y a una concepción del gobierno que es, claramente, patrimonialista. En ese orden de ideas, no hay un proyecto ni un norte que articule la participación de los actores del gobierno. Por otro lado, la idoneidad de la persona que ocupa un cargo no es considerado importante.

Se prioriza la cuota de poder antes que la meritocracia.

La meritocracia implica, digamos, un sistema en el cual las personas acceden en igual de condiciones al poder. Lo que sí ha salido más afectado es el tema de la idoneidad. Los estándares mínimos para ocupar un puesto. Cuando todo se limita a una mera distribución de las parcelas en el poder, entonces el tema de la idoneidad queda de lado. Ya no hablemos de la meritocracia que implica concursos públicos, un sistema de servicio civil y carrera pública. Entonces, vemos que la idoneidad no es una prioridad salvo que, digamos, en esta distribución de las parcelas que le toque a un grupo o sector del gobierno, le interese atraer personas idóneas. Pero otros pueden verlo como un problema o estorbo, ¿no? He escuchado a algunos congresistas que dicen que “en gobiernos pasados han puesto demasiados candados” y eso resulta difícil para las personas que quieran ocupar sus puestos. Es muy evidente que lo leen como un obstáculo o barrera a sus intereses de ser parte del aparato estatal.

Se habla que la dinámica de los gobiernos regionales se ha trasladado al gobierno central con Pedro Castillo. Personajes cuestionados y denuncias de corrupción. ¿Usted coincide con esa apreciación?

En parte. Lo que ocurre es que hemos visto este fenómeno de organizaciones políticas muy débiles y precarias, que responden más a intereses particulares que a cualquier proyecto de gobierno, ha estado muy presente a nivel regional. Inclusive, tuvimos un caso muy extremo con la cleptocracia de César Álvarez en Áncash. No solamente allí había la distribución de parcelas sino también una organización para realizar actos de corrupción. Usted recordará los casos que se presentaron ahí que, incluso, llegaron a amenazas a la vida contra personas que rodeaban a ese gobierno. Lo que vemos es el mismo fenómeno de la precarización de la política que se ha trasladado ahora al ámbito nacional.

¿Qué posibilidad tiene el Gabinete de Aníbal Torres para lograr la confianza del Congreso?

Creo que, nuevamente, debemos recordar que en estos mismos últimos meses dos gabinetes se presentaron ante el Congreso. Inclusive, el primero de ellos estuvo con muchos cuestionamientos por su conformación. A pesar de ello, obtuvieron la confianza. En esa época hubo mucho discurso altisonante como ahora. Muchos de los problemas que tenemos, por la concepción patrimonial del Estado y la influencia enorme de los grupos de interés, también está presente en el Congreso. En muchos casos, hay una alineación para la permanencia de algunos ministros que deberían ser censurados como el de Transportes y Comunicaciones. Algunos intereses se cruzan entre el Gobierno y el Congreso.

El Congreso realizó reformas parciales de la Constitución y la vacancia también formó parte de su agenda. ¿Cómo observa que no ha aprovechado la oportunidad para diferenciarse del Gobierno y no tener casi el mismo nivel de desaprobación ciudadana?

Es cierto que hay una atención a los temas de la reforma política. Se han dictado algunas normas, pero hay que tener cuidado porque hay una agenda muy fragmentada y orientada a intereses particulares que está dando vueltas en las comisiones del Congreso. Un congresista de Perú Libre decía que “es terrible que para un proyecto de ley necesitamos un tiempo de 5 a 6 meses para seguir todas las etapas”. A ver, la norma señala como estándar que debe haber dos votaciones en legislaturas consecutivas. Además, trámites, dictámenes y votaciones de las comisiones. Hacer una ley implica un proceso que busca evitar que responda a intereses particulares del legislador. Mi impresión es que todavía no hemos visto el impacto negativo de la producción legislativa del Congreso. Vemos esta extensión absolutamente inusual de la legislatura desde enero. Hay una presión muy grande para ampliar los plazos y acelerar la aprobación de normas. En estos meses se debe tener una atención al trabajo congresal porque puede haber normas que, evidentemente, buscan un retroceso muy claro en torno a políticas públicas que benefician a la ciudadanía.

Se habla que el Acuerdo Nacional podría ser un espacio para que el Gobierno y el Congreso puedan dialogar con el fin de establecer un trabajo conjunto. ¿Cómo ve esta idea?

Todo esfuerzo que busque atender los problemas políticos a partir del diálogo y la búsqueda de consensos es, sin duda, algo positivo. Sin embargo, hay que tener una posición exigente respecto a los acuerdos que se vayan a tomar. Porque si es un acuerdo que solamente va a reforzar esos intereses particulares que hemos hablado y no hay nada sobre cuestiones de fondo que afectan a los ciudadanos, será para el beneficio de los políticos y no de la ciudadanía. Tiene que ser un acuerdo que responda a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos.

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