Procurador del Congreso denuncia a Karelim López por presuntos delitos contra la fe y administración pública y falsedad ideológica

Su silencio a las interrogantes que le hicieron los congresistas integrantes de la Comisión de Fiscalización del Parlamento trajo serias consecuencias a la polémica empresaria Karelim López, quien hoy fue denunciada por el procurador del Congreso ante la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos contra la fe pública, falsedad ideológica y contra la administración pública.

López se encuentra en el ojo de la tormenta desde que se diera a conocer las reuniones que habría sostenido con el presidente Pedro Castillo en la casa de Breña, sus constantes visitas a Palacio de Gobierno para interceder por empresarios que luego ganaron contratos millonarios con el actual gobierno. Actualmente es investigada en la Fiscalía por tres casos: la fiesta de la hija del mandatario, Provías Nacional y Petro-Perú.

Karelim López se presentó ayer en calidad de testigo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República tras negarse a acudir hasta en dos oportunidades, pero evitó responder las preguntas que los integrantes le hicieron.

La también lobbista se acogió a su derecho de guardar silencio a pesar de ser requerida en el grupo de trabajo parlamentario como testigo sobre la falta de transparencia del presidente Castillo y de su exsecretario Bruno Pacheco, así como presuntos actos de corrupción en el gobierno.

Durante su intervención, López adujo que los temas por los que sería interrogada eran similares a los hechos por los que la fiscalía abrió investigación en su contra.

“Es mi derecho, no estoy evadiendo nada, voy a colaborar en todas las investigaciones a nivel de Fiscalía, pero estoy solicitando un derecho que me faculta”, expresó vía conexión online.

DENUNCIA ANTE FISCALÍA

Tras este impasse, esta mañana el procurador del Congreso de la República, Manuel Peña presentó una denuncia penal contra López por los presuntos delitos contra la fe y administración pública y falsedad ideológica por su negativa a colaborar con la administración de justicia, en agravio del Congreso de la República.

La medida fue presentada ante el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Lima y se sustenta en la elaboración y presentación de pruebas de diagnóstico de COVID-19 falsificadas y otros documentos similares, con los que la empresaria justificó su ausencia, el 12 de enero pasado, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que cuenta con facultades para investigar el caso de las reuniones y visitas a la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

La denuncia señala que López “fue válidamente citada con la finalidad de que preste declaración respecto a hechos que son de su conocimiento y cuya investigación –previamente entablada- se ventila en la citada comisión parlamentaria, perjudicando con ello el óptimo devenir de la indagación en curso así como mermando los recursos de esta institución destinados a la materialización de la misma”.

También señala que la inasistencia de Karelim López a la citación para comparecer y declarar ante el Parlamento Nacional, configura el ilícito de negativa a colaborar con la administración de justicia, estipulado en el artículo 371 del Código Penal, que señala: ”El testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación  de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas”.

Además, precisa que “la negativa de prestar dicha colaboración implica la asunción de una responsabilidad, en cuanto esa omisión ha de generar un trastorno dentro del proceso y de la orientación que este sigue, lo que repercute de un modo directo en el servicio de justicia, ya sea retardándolo o paralizándolo”

La denuncia también alcanza al enfermero del Policlínico Luz de Salud, Christian Vila Salcedo, como presunto autor del delito contra la fe pública – falsedad genérica – en agravio del Congreso.

Finalmente, el procurador del Parlamento solicita al fiscal provincial “aperturar investigaciones preliminares y posteriormente disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria correspondiente”.

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