Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, es acusada de ser parte de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’

El procurador anticorrupción Javier Pacheco Palacios aseguró que hay indicios para creer que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pertenece a la presunta organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y que hay testigos y aspirante a colaboradores eficaces que señalan a la autoridad como integrante de este clan delincuencial.

“No solo hay la presunción, hay indicios reveladores que nosotros elevamos al exprocurador general. Hasta donde llegó nuestra investigación, acreditamos que sí [pertenece a Los Cuellos Blancos] y elevamos el informe el 30 de noviembre [2021]”, dijo en entrevista con Milagros Leiva en Willax.

Aseguró que le envió un informe del caso al entonces procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, quien fue destituido el mes pasado por Aníbal Torres, pero no hubo acción alguna.

“No solo hay la presunción, hay indicios reveladores que nosotros elevamos al exprocurador general. Hasta donde llegó nuestra investigación, acreditamos que sí [pertenece a Los Cuellos Blancos]”, recalcó.

Según Javier Pacheco, su investigación tiene escuchas testimoniales y declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, donde identifican a Zoraida Ávalos como parte de la organización criminal que habría sido encabezada por el exjuez supremo César Hinostroza y exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Hasta el momento la Fiscal de la Nación ha evitado pronunciarse al respecto.

LOS CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO

Los Cuellos Blancos del Puerto es un escándalo que destapó un grave escándalo de corrupción denominado CNM Audios, Lava Juez o Corte y Corrupción. Se trata de escuchas telefónicas en los que se revelan supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En los audios se escucha a César José Hinostroza Pariachi (juez supremo), a Iván Noguera Ramos (consejero), a Julio Gutiérrez (consejero) y a Walter Ríos (presidente de la Corte Superior del Callao), negociando y utilizando su influencia personal en ámbitos de gobierno, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores y tratamiento preferencial.

Estos polémicos audios habían sido filtrados por los periodistas de una investigación aprobada por la fiscal Rocío Sánchez Saavedra para interceptar las llamadas telefónicas de números incautados por la policía a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas (Las castañuelas de Richport), que operaba en el puerto del Callao. Esos números telefónicos pertenecían a los abogados de dicha organización que se contactaban con las autoridades judiciales, y fue así, de esa manera accidental, como se destapó el escándalo que ha llevado a la crisis a todo el sistema judicial del Perú.

El 16 de julio de 2018, el juez Walter Ríos fue detenido y puesto a 36 meses de prisión preventiva. El empresario Antonio Camayo también fue detenido y llevado a la cárcel por 36 meses al igual que otros funcionarios de la Corte de Justicia del Callao y empresarios vinculados a estos audios. Los miembros del CNM fueron sometidos a un proceso de vacancia. Se pidió impedimento de salida del país para 4 ex consejeros. En cuanto al juez César Hinostroza, fue solo suspendido, ya que por ser un juez supremo correspondía al Congreso su destitución. Posteriormente se fugaría a España y existe en curso un proceso de extradición en su contra. Mientras que el fiscal supremo Pedro Chávarry, pese a que un audio lo comprometía con Los Cuellos Blancos del Puerto, juró como Fiscal de la Nación el 20 de julio de 2018, y se mantuvo en ese cargo hasta que renunció el 8 de enero de 2019, presionado por la opinión pública. Otros dos fiscales supremos, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, fueron también involucrados en el caso.

En octubre del 2018, el exconsejero, Julio Gutiérrez Pebe, fue llevado a prisión preventiva por 18 meses, al estar investigado por cohecho pasivo en agravio del Estado. La fiscalía lo acusa de solicitar apoyo al juez Walter Ríos en algunos procesos de la empresa Enapu donde la esposa de Gutiérrez era abogada.

También se abrió proceso a varios jueces, fiscales de la Corte de Lima y Callao e incluso a algunos empresarios. Algunos fueron detenidos y otros están con impedimento de salida del país. La investigación a los fiscales supremos y jueces supremos está a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

El 29 de julio de 2018 se detuvieron a 11 presuntos miembros de la organización “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Entre los implicados se encuentra al gerente de Iza Motors, Antonio Camayo; el exfuncionario de la ONPE Luis Cavassa, el empresario textil Mario Mendoza, el vocal superior Victor León y servidores públicos de la Corte del Callao. Según la indagación fiscal se les acusa de presunta comisión de los delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros ilícitos en agravio del Estado. La organización estaría presuntamente diseñada mediante tres: red interna (jueces y personal administrativo), red externa (abogados litigantes y empresarios) y la tercera red (juez supremo y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura)

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