La Contraloría informó sobre la existencia de responsabilidad penal y administrativa en los funcionarios de Provías Descentralizado al beneficiar al consorcio Puente Tarata III, grupo empresarial asesorado por Karelim López, cuestionada tras supuestamente visitar al presidente de la república, Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y la casa de Breña.
El ente regulador detectó anormalidades en la licitación pública de la “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, valorizada en más de S/ 304 millones en la región San Martín.
Según se explica en un comunicado, el Comité de Selección benefició al consorcio Puente Tarata III al postergar irregularmente la etapa de presentación de ofertas. “El acta suscrita el 6 de octubre del 2021 no fundamenta la decisión de postergación y tampoco existe un sustento válido en los documentos del expediente de contratación. El postor ganador no contaba con el certificado de poder de uno de sus consorciados, requisito obligatorio para la presentación de ofertas”, indica la Contraloría.
Asimismo, se informa a la población que el Comité de Selección no se percató del impedimento legal que significaba que las empresas que conformaban los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar pertenecían al mismo grupo económico.
Los representantes legales y gerentes generales de las empresas tienen un vínculo de consanguinidad (son hermanos) y un accionista en común, además de tener similar giro de negocio; sin embargo, se permitió su participación en la presentación de ofertas y uno de ellos obtuvo la buena pro.
“La Comisión Auditora determinó también que el postor ganador no cumplió con el requisito de experiencia mínima exigida en la especialidad de ejecución de “obras similares”, en la etapa de calificación. De las doce obras presentadas por el consorcio, se evidenció que siete obras no califican como obras similares. Al no contar con la experiencia mínima exigida, se afectó el correcto desarrollo del procedimiento de selección al declarar ganador de la buena pro a un consorcio que no era idóneo para cumplir con el objeto de la contratación, postergando la satisfacción de las necesidades de la población que requiere contar con óptimas condiciones de transitabilidad vehicular”, indica el pronunciamiento.
“También fue notificado el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción a fin de dar inicio a las acciones legales penales contra los dos miembros del Comité de Selección (primer y segundo miembro titulares) a quienes también se les identificó presunta responsabilidad administrativa PAS (Procedimiento Administrativo Sancionador, el cual estará a cargo del Órgano Instructor)”, concluye.
MINISTRO DE TRANSPORTE SE PRONUNCIA
Al respecto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se pronunció. En declaraciones a Canal N, indicó que el caso aún se encuentra en investigación y que Provías Descentralizado está al tanto.
“Eso lo sabe Provías Descentralizado, está en investigación, no podemos adelantar juicio. La justicia, ellos van a determinar, nosotros no”, expresó a su llegada a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para una reunión de improviso.
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