Los ministros investigados y cuestionados en el nuevo gabinete presidido por Aníbal Torres

El presidente Pedro Castillo anunció su nuevo gabinete ministerial esta semana poniendo como primer ministro a Aníbal Torres, extitular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. El gabinete de Héctor Valer había durado menos de 72 horas debido a las denuncias por violencia familiar que tenía el congresista de Perú Democrático y varias bancadas adelantaron que no le iban a dar el voto de confianza. Pero el nuevo premier ha mantenido a once ministros designados por su antecesor.

En este nuevo gabinete hay muchos ministros investigados, denunciados y cuestionados, algo que sigue ensombreciendo al mandatario peruano, que se dice, tiene a los “asesores en la sombra”, aunque el mismo jefe de Estado ha negado la influencia de estos sobre sus decisiones.

No obstante, el saliente ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que el presidente Pedro Castillo “con algunos es muy desconfiado”, pero “con otros diría que es demasiado confiado”. Aunque no quiso decir que Perú Libre tuvo injerencia en la designación de Hernán Condori, nuevo titular del Minsa, porque no tenía los elementos para probarlo.

MINISTROS CUESTIONADOS

A Hernán Condori, militante de Perú Libre desde 2014, se le sigue una investigación por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funciones de La Merced por los presuntos delitos de cobro y negociación incompatible cuando era director ejecutivo de la Red de Salud Chanchamayo, entre 2011 y 2015.

El titular del Minsa ha defendido que el “agua arracimada” Cluster X2 que promocionó, y por lo cual es criticado, cuenta con permisos para ser comercializada, pero, tal como dijo el doctor Elmer Huertas, no tiene un respaldo científico. Tampoco el FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés) ha respaldado la veracidad del producto.

El Colegio Médico del Perú (CMP) ha pedido su renuncia por ejercer como ginecobstetra cuando es un médico general, por lo que estaría incurriendo en una violación al código de ética y podría ser suspendido.

Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue incluida en una investigación por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación de Vladimir Cerrón y financiar a Perú Libre.

En esa indagación también está el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, quien también estaría comprometido en la recaudación de dinero ilícito.

Oscar Zea, ministro de Agricultura y congresista de la bancada de Perú Libre, tuvo una investigación por peculado en agravio de la Municipalidad de Huancané, en Puno. La Procuraduría Anticorrupción pidió el pago de 50 mil soles de reparación civil, pero el titular de esta cartera negó que haya en curso una investigación en su contra.

El contralmirante (r) José Luis Gavidia Arrascue, flamante titular de Defensa, fue denunciado en 2021 por violencia familiar y fue quien dijo que era un “tema personal” las denuncias contra el congresista Héctor Valer.

Alejandro Salas, ministro de Cultura, no cuenta con ninguna experiencia en ese sector y se viralizaron en redes sociales sus frases racistas, xenofóbas y contra la izquierda peruana, justo cuando el presidente Pedro Castillo es de tendencia izquierdista.

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien ocasionó la renuncia de Mirtha Vásquez como premier, fue denunciado por abuso de autoridad y otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública, pero se defendió indicando que no todas las denuncias son ciertas.

“Si estuviera manchado o tuviera antecedentes, no me hubiese presentado a este puesto. He venido trabajando en Sucamec y en otras entidades y en mi hoja (de vida) no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, me están haciendo daño en ese aspecto. Yo tengo más de 30 felicitaciones en la PNP durante la época en la que he estado en actividad”, dijo.

Ángel Fernando Yldefonso Narro, quien ahora reemplaza al premier Aníbal Torres en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, absolvió a procesados por narcotráfico cuando era juez en Áncash y defendió a un sentenciado a 25 años de prisión por abuso sexual contra una menor, aunque no tuvo éxito.

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