El Ministerio Público logró el impedimento de salida del país por 12 meses en contra de Fiorella Molinelli, la expresidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud) y otros. Se les acusa de la presunta comisión del delito de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.
La medida se ha dictado contra los investigados: Fiorella Molinelli, Jorge Pacífico Polanco Zevallos, Marco Antonio Ortiz de la Cruz, Rafael Jaime Sotelo Zorrilla, Manuel Luis Altamirano Ramirez, José Nicanor Chuquihuaranga Santibañez, Rocky Jim Carrillo Gutierrez, Bertha Verónica Angeles Chumacero y Alonso Máximo Wun García.
La fiscal Jhannice Bastidas Arroyo, fiscal adjunta del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima, sustentó el pedido para lograr la medida. Esta fue amparada por la juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, de la Corte Superior de Justicia de Lima.
INVESTIGACIONES EN CURSO
La investigación del caso se encuentra en curso, y fue llevada a cabo en coordinación con personal de la División de Investigación de Alta Complejidad – DIVIAC PNP. En esta se advirtió de registros telefónicos que datan del año 2020, donde funcionarios de EsSalud habrían estado gestionando contrataciones directas para la compra de bienes a fin de hacer frente a la pandemia de la COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria.
En dichas conversaciones telefónicas se advirtió de las presuntas concertaciones subrepticias e ilegales. Se lograron identificar cinco contrataciones directas, de las cuales tres fueron detalladas en el pedido de la medida de impedimento de salida del país. En estas, Manuel Altamirano Ramírez se refería de manera constante a “La Tía” como la persona con quien se iba a contactar directamente para las concertaciones. Esta persona luego fue identificada como Fiorella Molinelli.
Por estos trabajos de inteligencia, las comunicaciones telefónicas y documentación relacionada con las contrataciones, la Fiscalía viene sosteniendo que existía una presunta organización criminal y que fue liderada por Molinelli. Esta también habría estado conformada por funcionarios públicos de EsSalud, y SALOG. En complicidad con personas ajenas a la institución, los integrantes de la organización habrían venido cometiendo actividades ilícitas, gestionando y regularizando contrataciones directas, todo bajo una apariencia de legalidad.
El objeto de la investigación precisa que se viene recabando mayores elementos de convicción para así poder emitir un pronunciamiento de fondo sobre el caso.
ACTUAL MINISTRO DE SALUD TAMBIÉN ES INVESTIGADO POR CONTRATACIONES ILEGALES
La noche del 8 de febrero se juramentó al nuevo Gabinete de Pedro Castillo. Así, con la salida de Hernando Cevallos del Ministerio de Salud, el médico Hernán Condori fue designado en el caro. Sin embargo, ya se difundió la noticia de que este afrontaba una investigación por parte del Ministerio Público desde junio del año pasado.
Condori, quien es militante de Perú Libre desde 2014, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.
El 17 de junio de 2021, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria referida a supuestos cobros irregulares y cambios de los resultados finales de un proceso de contratación de personal, el cual se habría realzado en febrero del 2019.
“El Ministerio imputa a Hernán Yury Condori Machado (presidente titular de la Comisión CAS de la Red de Salud Chanchamayo), Marisol Inés Gutarra Chalco (secretario titular de la Comisión CAS), Juana Yolanda Cahuana Morales de García (miembro titular de la Comisión CAS), Renato Antonio Carrión Wissar (secretario suplente de la Comisión CAS), Junnyor Luis Rodríguez Recuay (presidente suplente de la Comisión CAS) y Huberto Gozar Barrera (miembro suplente de la Comisión CAS) en calidad de autores de la presunta comisión del delito de cobro indebido”, señala la Fiscalía de La Merced.
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