Este martes, el presidente Pedro Castillo tomó juramento del nuevo gabinete de ministros, el cuarto desde que asumió como presidente hace más de seis meses. Un nombre que sorprendió a todos es el del hasta ahora ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien se convirtió en el nuevo presidente del Consejo de Ministros.
Días atrás, el mandatario había hablado de un gabinete “más participativo y de ancha base para un mayor beneficio de todos los peruanos”. Ahora Torres tiene la tarea de liderar un equipo ministerial de consenso, sobre todo al momento de buscar la confianza en el Congreso de la República.
Una tarea que a simple vista se ve cuestarriba, ya que hay antecedentes de cruces entre la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva y el actual premier.
Fue hace unos días, cuando se discutía el predictamen sobre la autógrafa de ley mediante la cual se establece que las reformas constitucionales sometidas a referéndum sean aprobadas previamente por el Parlamento. Torres como ministro cuestionó esta decisión y advirtió un intento de recortar el derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente de un referéndum.
Alva rechazó esas declaraciones: “De ninguna manera. Yo cada día me sorprendo más de las declaraciones del ministro de Justicia, que se supone que es un hombre de leyes y no entiendo qué le pasa. Acá nadie limita ningún derecho al referéndum, y esto no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Esto es simplemente lo que existe y está en la Constitución”.
Por otro lado, Torres tiene un cuestionamiento por la destitución del Procurador General del Estado, Daniel Soria. La medida se da luego de conocerse un informe de la Contraloría que señala que Soria fue designado sin cumplir los requisitos estipulados para el cargo que en la actualidad ostenta.
La resolución 024-2022-JUS da cuenta de la resolución ministerial que designó a Daniel Soria Luján como procurador general del Estado en enero del 2020 cuando todavía regía el mandato del presidente Martín Vizcarra. Además, se menciona que la Ley Nº 29158 establece que el presidente de la república puede remover “por causal de pérdida de confianza a jefes de organismos públicos”. En ese sentido, se resolvió “dar por concluida la designación del señor abogado Soria Luján como procurador general del Estado. El documento lleva las firmas del presidente Castillo y el ministro de Justicia.
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